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Fiscalía mexicana notifica la detención de diez personas por los violentos incidentes en la Liga MX

Continúa el proceso investigativo por los lamentables hechos sucedidos en el estadio La Corregidora de Querétaro, donde barristas del club local se enfrentaron a sus similares del Atlas. En este marco, la fiscalía del estado de Querétaro informó la detención de los primeros diez sospechosos de participar en los incidentes. 

Recordemos que tras lo ocurrido, que generó la suspensión del partido y parte de la jornada 9, fueron notificados un total de 26 heridos, de los cuales tres estuvieron hospitalizados.

Por otra parte, en el comunicado publicado por la fiscalía, se explica que las detenciones se dieron tras emitir 21 órdenes de allanamientos. De hecho, la policía ya había emitido órdenes de aprehensión contras 15 personas sospechosas de participar en los hechos anteriormente mencionados. 

Además, durante el proceso se retuvieron “82 prendas deportivas con logos del equipo de Querétaro, cuatro pares de zapatillas -algunas con posibles manchas de sangre- y 22 teléfonos celulares”.

Asimismo, el organismos explicó el método investigativo, donde analizaron “583 imágenes, 78 videos, más de mil mensajes con información y denuncias anónimas”, además de revisar las cámaras de vigilancia del Estadio La Corregidora.

Quienes fueron detenidos están siendo investigados por delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito. En ese sentido, los homicidios en grado de tentativa comprenden aquellos hechos en que el imputado tuvo la intención de matar pero por motivos ajenos a su voluntad no lo logró.

Finalmente, de acuerdo a los últimos reportes entregados por el Gobierno del Estado de Querétaro, 22 de los 26 heridos ya fueron dados de alta del hospital donde se estaban recuperando. 

 

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México: Fiscalía empezará desde “cero” investigación de 43 estudiantes desaparecidos

La fiscalía general mexicana reiniciará desde “cero” la investigación por la desaparición, hace cinco años, de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, anunció el miércoles la dependencia tras reunirse con padres de los jóvenes.

“Vamos a empezar una nueva investigación”, dijo a la prensa Omar Gómez, fiscal especial del caso, tras un encuentro entre los familiares y funcionarios de la fiscalía, incluido el fiscal general, Alejandro Gertz.

Según Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas, Gertz dijo en el encuentro que la investigación iniciada en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) “está muy mal, hay que reconstruirla desde un principio, casi desde cero”.

En la reunión estuvo por momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo, quien horas antes, durante su habitual conferencia matutina, pidió a todos los que tengan información sobre el caso contribuir “porque es una herida abierta”.

“Esto tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el humanismo y tiene que ver también con el prestigio, la fama de México”, dijo López Obrador.

La investigación del llamado caso Ayotzinapa, iniciada por la fiscalía bajo el gobierno de Peña Nieto, ha sido señalada de serias negligencias, entre ellas haber obtenido testimonios mediante tortura y la alteración de las escenas del crimen.

Debido a estas anomalías, han sido liberados más de 70 inculpados en este caso, incluido un presunto jefe narcotraficante quien había sido señalado de “autor material” de las desapariciones.

Esas denuncias impulsaron al gobierno de López Obrador a crear en enero la comisión que busca zanjar definitivamente el caso.

Según la hipótesis de la fiscalía durante el anterior gobierno, los estudiantes fueron detenidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías de esa ciudad coludidos con el cartel Guerreros Unidos.

Creyendo que los jóvenes eran miembros de un grupo rival, los policías entregaron a los 43 estudiantes a los narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar los cuerpos y arrojar las cenizas a un río, de acuerdo con esa misma teoría.

Pese a lo anterior,  una investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó duramente esta hipótesis.

 

AFP.