El Congreso de Perú ha aprobado un proyecto de ley que autoriza a los fiscales “disponer el destino final” de los cadáveres de los presos condenados por terrorismo que mueran en prisión, menos de una semana después del fallecimiento del histórico líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
“En el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena con sentencia firme por los delitos de traición a la patria o de terrorismo, en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno, el fiscal competente, en decisión motivada e inimpugnable, dispone su cremación, previa necropsia“, señala el texto aprobado.
Asimismo, apunta que “la autoridad sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, ejecuta lo dispuesto en un plazo máximo de 24 horas“. “La cremación se realiza en presencia de un representante del Ministerio Público, para fines de identificación, quien levanta el acto correspondiente”, agrega.
Por otra parte, el documento recoge que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone la dispersión de los restos cremados en tiempo y lugar de naturaleza reservada”. La votación se ha saldado con 70 votos a favor, 32 en contra y catorce abstenciones.
La muerte del líder guerrillero ha desatado el debate en Perú sobre el destino de sus restos mortales, con una gran parte del espectro político demandando que sean incinerados.
Sin embargo, la Fiscalía ha rechazado la petición de la viuda para que se le entregara el cuerpo de Guzmán, fallecido el 10 de septiembre a los 86 años de edad tras un deterioro de su salud atribuido a su negativa a ingerir alimentos desde el 13 de julio.
Guzmán, también conocido como ‘camarada Gonzalo’ fue el líder de la guerrilla Sendero Luminoso, activa en Perú principalmente en las décadas de 1980 y 1990. El 12 de setiembre de 1992 el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) ejecutó la operación Victoria que permitió capturar en una casa de Lima a Guzmán y varios de sus seguidores, incluida su esposa.
Tras su detención fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal militar. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio civil. Finalmente, en 2006 fue sentenciado a la misma pena por el delito de terrorismo contra el Estado.
Agencia Uno.