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Ministra Antonia Orellana anuncia proyecto para el pago efectivo de las pensiones de alimentos

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, anunció un proyecto de ley para el pago efectivo y permanente de las pensiones de alimentos.

Según explicó la autoridad, la iniciativa busca “establecer plazos oportunos, establecer la obligación del tribunal de ser él quien indague el patrimonio del deudor, y ahí donde encuentre patrimonio ejecutar el pago para la cuenta del alimentante”.

En esta misma línea, detalló que el proyecto tiene como objetivo “cautelar el derecho a la pensión de alimentos, el derecho al cuidado y mejorar la experiencia en tribunales”.

“Es un mecanismo eficiente, permanente y que sobre todo pone la experiencia de quienes se le adeuda al centro de lo que debe ser el quehacer judicial”, puntualizó.

A través de su cuenta de Twitter, la titular de la Mujer enfatizó que la medida “establece un mecanismo permanente”, así como también le da “facultades a los tribunales para que sea el o la jueza quien instruya la indagación del patrimonio efectivo del deudor”.

Además, “amplía los instrumentos financieros para investigar dónde tiene patrimonio el deudor”.

También “permite que en caso de no encontrar fondos en otros instrumentos, se subrogue el pago total de la deuda a los fondos de la cuenta de capitalización individual obligatoria de AFP del deudor”.

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Pensiones alimenticias: Cámara de Diputados aprueba creación de registro nacional de deudores

Con un amplio apoyo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la Ley 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, al tiempo que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

El texto, aprobado en forma unánime por 142 votos a favor (en general y en particular), fue valorado en su importancia en el debate. Las diversas intervenciones resaltaron el ánimo colaborativo que permitió en solo dos meses tener una propuesta a la Sala que incluyó entre sus líneas materias planteadas en diversas mociones ingresadas por parlamentarias/os en distintos periodos, así como sugerencias provenientes de la ciudadanía.

Asimismo, se destacó que la iniciativa consagre que el no pago de las pensiones alimenticias será considerado como violencia intrafamiliar, con sus conceptos asociados.

El proyecto contempla que las resoluciones judiciales que ordenen el pago de una pensión alimenticia, provisoria o definitiva, por un trabajador dependiente o que perciba una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, establecerán como modalidad del pago la retención por parte del empleador o la entidad pagadora de las pensiones. La salvedad estará dada si el ingreso fuese insuficiente para asegurar el pago o que exista acuerdo entre el alimentante y el alimentario o el representante legal del mismo, suscrito ante el tribunal.

Si se trata de un trabajador independiente, sujeto a contrato de honorarios, el tribunal podrá establecer la retención de sus honorarios si, atendidas las circunstancias concretas, estima que es un medio idóneo para garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno de la pensión alimenticia.

La norma también define el procedimiento de notificación, junto con efectuar las adecuaciones legales para la implementación de la medida y verificar su correcta aplicación, contemplando para ello también medidas de fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo.

Asimismo, se consideran adecuaciones a los procedimientos que deben efectuar los abogados patrocinantes o mandatarios judiciales, plazos a seguir y sanciones. De igual modo, se regulan las medidas de apremio que podrán impartir los tribunales en torno a esta materia; las facultades que se entregarán a la policía; las acciones a seguir en relación al demandado; y el plazo de prescripción para las acciones de cobro.

REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES

El proyecto también avanza en crear el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, instrumento electrónico y de acceso remoto, gratuito e inmediato, para cualquier persona con interés legítimo en la consulta (deudores, alimentario o representante legal, tribunales competentes y personas o entidades obligadas a su consulta). Estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

El Registro dará cuenta de la inscripción de las personas que reúnan, copulativamente, las siguientes condiciones:

Que estén obligadas al pago de una pensión de alimentos, provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial firme o ejecutoriada.
Que adeuden, total o parcialmente, al menos dos cuotas consecutivas de alimentos provisorios o definitivos, o cuatro discontinuas.

Luego, la iniciativa especifica algunas de las funciones que deberá efectuar el citado Servicio, como es realizar las inscripciones y actualizaciones respectivas, así como certificar si una persona tiene inscripciones vigentes. Asimismo, se norman la vía de acceso al Registro; las formalidades del certificado; el procedimiento de inscripción de los deudores y sus requisitos formales; forma en que el alimentante podrá enervar la orden de inscripción; y las especificaciones para la cancelación de la inscripción.

También se regula lo que se denomina “Acuerdo de pago serio y suficiente de las pensiones de alimentos adeudadas”, que se aplica en casos en que el alimentante no tenga bienes suficientes para solucionar el monto total de las pensiones alimenticias adeudadas. Para esto, se deberán acreditar las circunstancias o garantías objetivas que hacen verosímil proyectar el cumplimiento íntegro y oportuno del acuerdo.

Se entenderá que es suficiente si permite solucionar íntegramente la deuda en el menor plazo posible, atendida la capacidad económica actual del alimentante y las necesidades del alimentario. Para efectos de alcanzar un acuerdo, se podrá dividir en cuotas el monto total adeudado, expresándose el valor de cada cuota en alguna unidad reajustable. Por el incumplimiento de una sola cuota se hará exigible la totalidad de la deuda.

Por último, entre otras variadas disposiciones, el proyecto despachado por la Sala aborda la retención que se podrá efectuar para concretar el pago de deudas alimenticias en las operaciones de crédito de dinero, en los procedimientos de ejecución y en la devolución de impuestos a la renta, así como en traspasos de bienes sujetos a registro.

En la misma línea, se regula la obligación de consulta al Registro ante trámites como la renovación del pasaporte o cédula para conducir, para la compra y venta de bienes y para la entrega de beneficios económicos del Estado; y se definen condicionantes para entrar a la administración pública y organismos del Estado, así como para las retenciones que se deberán aplicar para el cumplimiento de sus deberes de pago.

Agencia Uno

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Senadora Rincón: “Pensiones deben pagarse aún si deudor no retira su 10%”

Una reforma constitucional que establece la figura de la subrogación para permitir que padres, madres, hijos a quienes se les debe pensiones alimenticias, puedan solicitar directamente el 10% AFP de los deudores, presentó la senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien explicó que la iniciativa anunciada por el Presidente de la República en su Cuenta Pública, no sirve en el caso de aquellos que por no pagar su deuda deciden no hacer efectivo el retiro de fondos previsionales.

La iniciativa que presentó junto los senadores Francisco Huenchumilla, Pedro Araya, Francisco Chahuán y David Sandoval, permite que el acreedor pueda concurrir a la AFP del deudor de la pensión y hacer la solicitud de retiro solo con el certificado del Tribunal de Familia que acredite la deuda.

El proyecto que anunció el mandatario en su cuenta pública no sirve si el deudor no retira sus fondos, como varios han anunciado por redes sociales. En cambio, la reforma constitucional que presentamos instala una subrogación legal que permite a hijos, madre o padre, según sea el caso, acceder al retiro de fondos si el moroso no quiere hacerlo”, explicó la legisladora.

Además dijo que para que la reforma constitucional sea efectiva, se requiere que el tribunal entregue una “solicitud de liquidación de deuda” en donde aparece cuánto es lo adeudado y, sobre esa base, el acreedor puede solicitar el retiro del diez por ciento, pero siempre dentro de los límites de retiro establecidos entre 35 y 150 UF.

Rincón explicó que la subrogación consiste en que una persona, a quien se le debe la pensión alimenticia, pasa a ocupar el lugar de otra, en este caso el deudor alimentario, pasando a tener sus mismos derechos y obligaciones sobre el retiro de fondos y, en consecuencia, podrá hacer por sí misma la solicitud del retiro de fondos.

Finalmente, la senadora por el Maule explicó que a diferencia de otros proyectos que buscan lograr el pago de la pensión alimenticia, la figura de la subrogación permite que el propio acreedor de la pensión se dirija a la AFP con un certificado de deuda de pensión emanado del tribunal de familia, para solicitar el diez por ciento, lo que agiliza enormemente el trámite y dificulta maniobras evasivas.

 

Agencia UNO. 

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Despachan proyecto que busca acabar con el no pago de pensiones alimenticias

Este jueves la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una moción cuyo fin es cautelar el pago efectivo del derecho de alimentos de niños, niñas y adolescentes, y su adecuada subsistencia ante casos de quiebra de los alimentantes.

La diputada Natalia Castillo (RD) junto a su par Carolina Marzán (PPD), ingresaron durante el 2018 la iniciativa que propone asegurar el pago de pensiones alimenticias como la primera deuda que debe cubrirse en los remates que se producen por situaciones de deuda, y que hoy es despachado.

Con esta medida se busca solucionar un vacío legal, pues las pensiones de alimentos no se encuentran debidamente consideradas en el orden de prioridad para el pago de deudas que establece el Código Civil.

Para la diputada Castillo, “actualmente el sistema considera más importante que las personas salden sus deudas con las instituciones financieras antes que con sus hijos e hijas. Con este proyecto queremos poner como primera prioridad a los niños con el pago de la deuda de pensión de alimentos, ya que de ello depende su bienestar”.

Por su parte, Marzán señaló que “datos de la PDI del año 2018, nos entregan una alarmante cifra respecto al total de detenciones que se realizaron en un año. De hecho, si hacemos el simple ejercicio de tomar a los parlamentarios como universo, 39 serían el total de detenidos por pensión alimenticia y el resto por otros delitos”.

En la misma línea, agregó “ya que el 25% de las detenciones efectuadas el año antepasado corresponden a deudores de alimentos, seguido por aquellos detenidos por cometer delitos contra la propiedad, que constituyen el 18%. La idea macro de este proyecto es que la pensión alimenticia gozará de preferencia primera, al ser un crédito de primera clase y estar en el primer lugar de la enumeración”.

“Estamos muy contentas que se haya aprobado este proyecto, con la diputada Castillo estuvimos desde el año pasado acercándonos a organizaciones impulsando este proyecto porque creemos que es necesario para tantas mujeres que son en su mayoría las que se hacen cargo de sus hijos, sobre todo hoy día sienten una especie de humillación cuando van a reclamar un derecho que es de toda justicia para toda su familia”, concluyó.

Agencia Uno