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Diputado Mellado critica eliminación de carácter terrorista en caso Luchsinger

El diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado manifestó su rechazo al cambio que aplicó la Corte Suprema al caso Luchsinger Mackay, al quitarle el carácter terrorista y sancionar a los tres condenados por un delito común.

Según publicó hoy el diario El Mercurio, en el fallo programado para el próximo 10 de octubre tras el recurso de nulidad que presentaron los representantes de los tres sentenciados en un segundo juicio, se mantiene la culpabilidad de los acusados de provocar el incendio donde murió un matrimonio de adultos mayores, pero al quitarle el carácter terrorista bajarían las penas.

“Sería lamentable que los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema rechacen que el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay sea un atentado terrorista. Lo dejarían como un incendio con resultado de muerte. Osea, no había nadie a quien amedrentar. Ellos no se juntaron para planificar este incendio y este asesinato de la familia. Ellos eran unas blancas palomas que estaban pasando por afuera del campo de los Luchsinger y les resultó un incendio, asesinando a dos personas”, criticó Mellado.

“¿En qué están estos supremos? Ya los acusaron institucionalmente por otros fallos. Este es un tremendo error donde despeja el camino para que terroristas puedan quemar personas. Creo que no es bueno lo que está ocurriendo con la justicia en la Corte Suprema”, agregó el parlamentario.

El diputado RN finalizó señalando que “lamento tremendamente, por la familia Luchsinger Mackay, lo que está pasando. Creo que es importante decir que las penas que había puesto la justicia en La Araucanía es lo que merecen estos asesinos y la Corte Suprema rebajaría esta cantidad de años”.

José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y José Peralino Huinca fueron condenados en el segundo juicio por el Tribunal Oral de Temuco en mayo pasado, por la acusación original de incendio terrorista con resultado de muerte del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

El tribunal sentenció a Tracal Coche y Tralcal Quidel a presidio perpetuo simple, es decir, a pasar un mínimo de 20 años en la cárcel antes de recibir cualquier beneficio penitenciario, mientras que Peralino Huinca recibió una condena de cinco años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, gracias a su colaboración en la investigación como delator compensado.

En el segundo juicio, el tribunal de Temuco absolvió a 8 acusados, entre ellos la machi Francisca Linconao. Los 11 comuneros fueron acusados como autores del delito consumado de incendio con resultado de muerte, en carácter de terrorista, en contra del matrimonio. El ilícito fue perpetrado en el fundo Granja Lumahue, comuna de Vilcún, en la madrugada del 4 de enero del año 2013.

En el primer juicio, los 11 acusados fueron absueltos en fallo unánime del 25 de octubre de 2017, emitido por el mismo tribunal, pero la Fiscalía Regional de La Araucanía y los querellantes recurrieron a la Corte de Apelaciones de Temuco, que el 29 de diciembre del año pasado –también en fallo unánime- anuló el juicio y ordenó uno nuevo con distinta integración de magistrados.

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Caso Luchsinger-MacKay: Confirman culpabilidad pero eliminan carácter terrorista

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la culpabilidad de José Manuel Peralino Huinca, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel por la muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay, pero eliminó el carácter terrorista del delito.

Los tres condenados por el fallecimiento del matrimonio conformado por Werner Luchsinger (75 años) y Vivianne McKay (69 años) habían presentado un recurso de nulidad por el juicio, lo que fue acogido parcialmente por el máximo tribunal, según consignó El Mercurio.

Cabe recordar que José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel fueron condenados a presidio perpetuo, mientras que José Peralino fue sentenciado a cinco años de libertad vigilada intensiva, por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, en mayo de este año .

La decisión de los ministros Hugo Dolmestch (presidente), Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm se basaría en que no se logró acreditar que los tres involucrados tuvieran el objetivo de causar terror en la población, según detalla el matutino.

De esta forma, se alistaría una sentencia de reemplazo en la que se confirma la culpabilidad de los tres condenados, pero se recalifica el delito: eliminándose el carácter terrorista y dejándolo solamente como incendio con resultado de muerte.

Los jueces de la Corte Suprema debían dar a conocer su fallo el pasado 12 de septiembre, pero decidieron postergarlo para el 10 de octubre con el fin de realizar un mejor estudio de la causa.

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Juez Dolmestch admite que no tiene por qué arrepentirse sobre su decisión

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se refirió al proceso de acusación constitucional presentada en su contra y dos de sus pares de la Sala Penal, Manuel Antonio Valderrama y Carlos Künsemüller, afirmando una y otra vez que no tiene por qué arrepentirse de sus decisiones.

“Como juez, mis decisiones siempre son bien meditadas, no tendría por qué arrepentirme de lo que decidí en aquella oportunidad. Estuve de acuerdo con esas libertades y por algo las firmé”, admite en relación a las siete libertades que otorgó a reos de Punta Peuco condenados por delitos de lesa humanidad.

HANS SCOTT / AGENCIAUNO

En entrevista con La Tercera, el magistrado puntualizó lo siguiente: “Nosotros somos un país joven y pobre, y los jueces tenemos que recurrir, a veces, a una legislación también pobre y antigua, y ahí hay un punto en que es imposible juzgar beneficios con una norma de un siglo atrás. No creo que sea posible que alguien, pese a cumplir todo los requisitos objetivos, no acceda a la libertad condicional, yo creo que todos los presos deben tener una lucecita de esperanza. Ahora, si la legislación interna a mí me exige otras cosas, eso es distinto y ese no es problema nuestro, es de los legisladores y eso lo dijimos siempre”, agregó.

“Cuando fui presidente de la Corte Suprema me reuní muchas veces con parlamentarios y les advertí que el tema de las libertades condicionales en algún momento iban a beneficiar a militares, que había que prepararse, modificar la ley, porque esto nos iba a estallar en la cara”. 

Claudio Santana/Aton Chile

Al mismo tiempo, el jurista destacó que ojalá esto sirva para mantener la confianza y los jueces han demostrado tener cojones para esto. “Muchas veces nuestro trabajo no va a gustar, pero mientras estemos apegados a la ley, hay que seguir caminando frente en alto”, concluyó.

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Abogado de la Sala Penal niega tener vínculo con defensor de militares

El abogado integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema que participó de los fallos donde el máximo tribunal del país entregó la libertad condicional a siete ex-agentes negó “estar inhabilitado” previamente por haber sido socio de un defensor de militares procesados por derechos humanos.

El abogado Ricardo Abuauad negó tener relación laboral con el jurista Tomás Zamora Maluenda, que habría representado a presuntos militares procesados como violadores de los derechos humanos.

Abuauad respondió en un informe al recurso de nulidad que presentó la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) contra los fallos que permitieron la libertad condicional a cinco reos condenados por delitos de lesa humanidad y en los que participó Abuauad.

Dicha solicitud fue acompañada por una denuncia que asegura que el abogado es socio de Zamora -a través del Estudio Abuauad, Zamora & Cía-, quien supuestamente habría representado a exuniformados sentenciados por violaciones a los DDHH.

Zamora además es coronel de Carabineros en retiro y fue procesado en 2016 por el delito de homicidio simple por hechos que ocurrieron en 1983, cuya medida fue revocada posteriormente.

En su informe de tres páginas, Abuauad negó mantener alguna inhabilidad que estipula la ley para haber fallado las libertades, destacó que los familiares de las víctimas no lo recusaron y rechazó la imputación de tener interés personal en las causas.

“No tengo sociedad profesional con el colega Tomás Zamora Maluenda, que ha participado en escasas defensas de personas procesadas por delitos que podrían tener relación con la afectación de derechos humanos, lo que no es causal de inhabilidad del suscrito”, afirmó.

“Mi relación con el colega es una comunidad de techo que mantengo con varios abogados en que cada uno ejerce diferentes rubros”, detalló en el escrito el abogado integrante de la Corte Suprema, pese a que en el portal web del estudio se presentan como un conjunto.

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Sala Penal responde a acusación: “No hay abandono de deberes, aplicamos la ley”

Los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Valderrama y Jorge Dahm, afirmaron que están aplicando la ley vigente y que no hay abandono de deberes, como argumentan los parlamentarios que están impulsando una acusación constitucional en su contra por conceder libertades condicionales a reos de Punta Peuco.

El Mercurio publica hoy declaraciones de los cinco ministros, comenzando por Dolmestch, presidente de la sala, quien dijo que está dentro de las funciones de los parlamentarios la posibilidad de acusar constitucionalmente, pero frente a eso aseveró que “estamos cumpliendo con la ley. El tema del arrepentimiento no está en la ley”.

Además es partidario de realizar cambios en la legislación: “Siempre es bueno. Todo esto debe arreglarse por la vía legislativa. Yo lo planteé tantas veces cuando era presidente de la Corte Suprema. Hay que aclarar a quiénes le corresponde y a quiénes no”.

Por su parte, Künsemüller, segunda antigüedad de la sala, señaló que los congresistas “están en su derecho de expresar su opinión, de la misma manera que los jueces tienen el derecho de expresar sus opiniones que se expresan en las sentencias”.

Sin embargo, respecto de la posible acusación, advirtió: “No sé en qué consiste el abandono (de deberes). Lo que hacemos es aplicar la ley vigente. El tribunal estima que sí es legal darle la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad, si cumplen con los requisitos”.

Valderrama, en tanto, manifestó que es “una facultad que tienen nuestros legisladores”, acerca del anuncio de una acusación, pero “aplicamos lo que el ordenamiento jurídico nos proporciona. Somos jueces y debemos aplicar la ley interpretándola y respetando normas”.

Asimismo, Cisternas, vocero de la Corte Suprema, expresó que “corresponde al funcionamiento de las instituciones establecidas en la Constitución, pero creo que no procede (la acusación) porque no hay abandono de deberes, los ministros resolvieron el asunto en un plazo oportuno. Pensar que debe resolverse de una manera determinada significa forzar el juzgamiento y, en consecuencia, se pierde la independencia”. Recalcó que “sí están cumpliendo con la ley” a la hora de resolver.

Agregó que “el Poder Judicial se ha visto en la obligación de recurrir a los elementos que tiene para fallar. Si lo que se desea es que los condenados por delitos de lesa humanidad, o cualquier otro, no puedan acceder al derecho de libertad condicional, hay que decirlo expresamente y será obedecido de esa forma”.

Finalmente, Dahm dijo que “sí estamos cumpliendo con lo que dice la ley. Y cada uno interpreta la ley como la entiende, no a su gusto ni capricho, sino como la entiende”.
Además, se mostró partidario de un cambio de ley y enfatizó que “todo el sistema de cumplimiento de pena hay que modernizarlo. Hay delitos que quedaron afuera como el secuestro, que no es exclusivo de los derechos humanos. Se requiere un tratamiento más completo”.

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Kunsemüller por acusación: “Están en su derecho a expresar su opinión”

El ministro e integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller aseguró que los diputados que lo podrían acusar constitucionalmente “están en su derecho a expresar su opinión”.

De esta manera y cuando asumía la nueva miembro del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco, el juez Kunsemuller abordó la acción legal que anunciaron parlamentarios de oposición en su contra y la de los magistrados que otorgaron la libertad condicional a siete ex uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad.

“Están en su derecho de expresar su opinión, de la misma manera que los jueces tienen el derecho de expresar sus opiniones que se expresan en las sentencias”, señaló.

La acusación, que aún no ha sido presentada, pero que cada vez toma más fuerza y cuenta con el respaldo de distintos partidos y agrupaciones, repercutiría en el máximo tribunal, según confirmó su presidente, Haroldo Brito.

“Indudablemente la tramitación de la acusación va a generar condiciones más complicadas, más extremas de funcionamiento, pero no hay más que trabajar en esas condiciones (…) son las circunstancias que hay que vivir nada más”.

Ante la consulta de que si el uso de esta herramienta buscaba atemorizar a los ministros, Brito contestó: “No, yo entiendo que son instituciones jurídicas que la Constitución establece y punto” aseguró el magistrado.

Brito agregó que “la usarán si reúnen las mayorías, tendrá el desarrollo que se pueda, pero yo no quisiera hablar de amedrentamiento porque yo entiendo que esta es una cuestión de debate público y amedrentar es una expresión demasiado dura que yo no tengo por qué atribuirle a los familiares de las víctimas, ni organizaciones de ningún tipo” acotó.