En un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, conducido por Pablo Zalaquett en Radio Agricultura, un panel analizó la expansión del crimen organizado en Chile, su impacto en las instituciones del Estado y la urgente necesidad de modernizar las herramientas legales y operativas para enfrentar esta amenaza.
Participaron Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior; Pablo Zeballos, experto en crimen organizado; Marisa Navarrete, abogada penalista y exfiscal; y Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián.
El punto de partida fue la reciente liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía, lo que generó una ola de críticas a la gestión del sistema penitenciario y a la coordinación de las instituciones de justicia. En ese sentido, Navarrete cree que es igual de grave si fue error, negligencia o corrupción, a lo que la investigadora agregó que si no se frena el crimen organizado ahora, “puede ser muy tarde”.
Falta de inteligencia y descoordinación institucional
Los expertos coincidieron en que el Estado chileno carece de una estructura de inteligencia moderna y funcional. Juan Francisco Galli fue categórico al decir que en Chile no tenemos inteligencia criminal. “Tenemos datos, pero no hay inteligencia estratégica ni táctica”. En esa línea, alertó que existe una “dilución del poder” entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad.
Pablo Zeballos alertó que el crimen organizado ya se consolidó en el país, agregando que el problema no se solucionará solo con cárceles, ya que “también hay que ir al mundo escolar, comunitario, generar otras oportunidades antes de que los jóvenes entren al circuito criminal”.
Debilidades legales y urgencia de reformas
Un punto crítico abordado por Navarrete fue la falta de herramientas legales, declarando que “la Fiscalía no tiene dentro de sus conceptos qué es el crimen organizado”, ya que todo entra como asociación ilícita, lo que limita las posibilidades de investigar de manera eficaz.
Por otra parte, Pía Greene advirtió que no solo se trata de narcotráfico o sicariato, sino de una captura de funciones del Estado. En esa línea sostuvo que las distintas instituciones están presionadas desde adentro
Finalmente, todos coincidieron en la urgencia de aprobar la Ley de Inteligencia, actualizar la normativa penal y dotar al Estado de una gobernanza clara y centralizada para enfrentar esta amenaza con decisión.
