La seguridad pública volvió a instalarse como uno de los principales temas de preocupación para los chilenos durante un nuevo capítulo del programa Con Diálogo es Distinto, espacio que reunió a representantes del mundo empresarial, académico y político para analizar las medidas impulsadas por el Gobierno frente al actual escenario de criminalidad y desorden público.
Entre los participantes destacó Juan Sutil, empresario agrícola y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), quien entregó una mirada centrada en las consecuencias económicas y sociales que genera la inseguridad en el país.
Al evaluar la estrategia presentada recientemente por el Ejecutivo, Sutil afirmó que “todo avance es positivo y espero que este plan llegue a ese propósito”.
Juan Sutil aborda seguridad pública y efectos en la economía
El exlíder gremial sostuvo que la crisis de seguridad trasciende la delincuencia tradicional y afecta diversas actividades cotidianas.
“Yo tengo una mirada más bien empresarial y práctica. La seguridad es un tema muy amplio. Hoy tenemos inseguridad incluso en el consumo de medicamentos, porque existe tráfico e importación irregular. Lo que se vende en muchas ferias libres son remedios respecto de los cuales no se sabe si son auténticos o no”, señaló Juan Sutil.
También advirtió sobre los efectos del contrabando y otras actividades ilícitas que generan riesgos para la población y pérdidas económicas para el país.
Según explicó, el impacto alcanza directamente al aparato productivo. “Hoy contamos con estimaciones relativamente claras que indican que el sector productivo está destinando casi dos puntos del PIB en seguridad. Son cerca de 7.000 millones de dólares que no deberíamos gastar”, indicó.
Sutil agregó que hace dos décadas las empresas no necesitaban invertir recursos significativos para resguardar infraestructura, maquinaria o transporte de mercancías. Actualmente, aseguró, muchos camiones que trasladan productos de alto valor requieren convoyes y sistemas especiales de protección.
“Creo que estamos frente a un fenómeno de múltiples dimensiones, por lo que todo plan y toda acción resultan fundamentales para enfrentarlo”, afirmó.
Asimismo, valoró el liderazgo del ministro de Seguridad, Martín Arrau. “Celebro que el Gobierno tenga a Martín Arrau a cargo de esta tarea y que pueda avanzar en esta materia”, sostuvo.
Panelistas coinciden en necesidad de coordinación y fortalecimiento institucional
Durante el debate también participaron Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe Consulting; Gonzalo Durán, exdelegado presidencial de la Región Metropolitana; y Juan Francisco Galli, exsubsecretario del Interior.
Lizana destacó el componente estratégico del plan y la coordinación entre instituciones del Estado. “Lo que más me gustó de todo lo que se presentó fue ver que detrás de esto había una cierta estructura y un esfuerzo por articular distintos sectores”, afirmó. Además, agregó que “eso creo que es lo más importante, porque lo que veníamos echando de menos era esa articulación del Estado y esa visión más estratégica de la seguridad”.
Por su parte, Durán enfatizó que la estrategia responde a un proceso más amplio de fortalecimiento estatal frente al crimen organizado. “El Estado de Chile ha ido generando progresivamente más y mejores capacidades para enfrentar la inseguridad, en particular el crimen organizado”, señaló. También valoró la continuidad de las políticas públicas en esta materia: “Hay que destacar que es parte de una política de continuidad que va en la línea correcta”.
En tanto, Galli puso el foco en la recuperación del orden y el fortalecimiento institucional. “Es importante los énfasis que hizo el ministro Martín Arrau cuando presentó este plan. Habló de recuperar el espacio público. Yo creo que recuperar el territorio y el orden es fundamental”, sostuvo. Además, destacó el rol del nuevo Ministerio de Seguridad y del sistema de seguridad pública como parte de una estrategia integral.
Las intervenciones coincidieron en que la seguridad pública requiere una respuesta coordinada entre el Estado, las policías, el sector privado y la sociedad civil. El debate también reflejó que la seguridad pública continúa siendo una de las principales demandas ciudadanas y uno de los desafíos más relevantes para el desarrollo del país.
