En Chile, los migrantes y refugiados poseen una baja capacidad para cubrir sus gastos esenciales y tienen pocas posibilidades de acceso al endeudamiento formal.
Así lo evidenció el estudio “Vulnerabilidad económica y financiera de la población refugiada y migrante en Chile”, desarrollado por el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca (CEMI) en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El director del CEMI, Medardo Aguirre González, destacó que un resultado revelador que arrojó esta investigación de carácter nacional.
Esta tiene relación con que “el 51,7% de los 1.053 entrevistados señalan que, en caso de perder el trabajo, no tienen reservas económicas para cubrir los gastos de un mes”.
El experto precisó que entre las estrategias más recurrentes para solventar esta situación es que, “la mayoría (73,3%) utiliza los trabajos u horas extras con el objetivo de incrementar sus ahorros”.
“Este dato se repite en los anteriores estudios que hemos hecho con la población de migrantes y refugiados en Chile”.
“Con respecto al financiamiento formal, más de la mitad dice no tener acceso, cifra que llega al 64,5% en el caso de las mujeres”.
Asimismo, “quienes tienen acceso a financiamiento lo emplean, por ejemplo, para cubrir necesidades básicas y deudas como vestimenta y dividendos”.
“Es decir, se van endeudando para ir cubriendo los gastos que les quedan de cada mes”, añadió el académico.
Exclusión financiera en migrantes y refugiados según estudio
La débil capacidad para cubrir los gastos esenciales no solo es una situación que atañe a la población migrante y refugiada.
Debido a que también afecta transversalmente a los sectores más vulnerables en Chile, explica el académico.
“Cuando uno analiza el ingreso por trabajo de los migrantes en la encuesta Casen, no es más bajo”.
“Y lo que estamos observando con la población migrante, es muy similar a lo que sucede con los chilenos”, destacó el profesor de la UTalca.
“Es por eso que la inclusión financiera, que es el acceso de las personas a servicios y productos para administrar su dinero, se vuelve una estrategia fundamental, detalla el estudio”.
“Ya que permite mejorar la capacidad de generar ingresos, disminuir de la vulnerabilidad de los hogares más pobres y facilitar la acumulación de ahorro, entre otros”, añadió Aguirre.
En el caso de la población migrante, la inclusión financiera va de la mano con “ayudarlos a regularizar su situación, porque esto es una cadena”.
“Los que logran regularizar, tienen acceso a trabajos formales con contrato y pueden acceder al sistema financiero”.
“En cambio, los que están en situación migratoria irregular o transitoria, están en desventaja total”, concluyó el director del CEMI.