La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) inició una demanda compensatoria en contra de un grupo de automotoras.
El objetivo es la defensa de los intereses colectivos de los compradores de más de 185.000 vehículos, quienes habrían sufrieron perjuicios derivados del sobreprecio del transporte marítimo.
“La concertación comercial -sancionada judicialmente tanto en Chile como en el extranjero- subió artificial y coordinadamente los costos del transporte marítimo entre el año 2000- 2012. Estos sobreprecios fueron, finalmente, traspasados por las automotoras a los consumidores, sin compensarlos debidamente –y tal como indica la ley- por el perjuicio sufrido”, indica un comunicado de la Odecu.
Las automotoras demandadas incluyen BMW, Ford, Chevrolet, Piamonte, Subaru, Valenzuela & Delarze, Pompeyo Carrasco, Salfa, Salazar & Israel, Portillo, Kia, Derco y Mazda Chile.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y la Corte Suprema en el año 2020 condenaron a las navieras NYK, MOL y CSAV, por su participación en el cartel de transporte marítimo, estableció que infringieron la Ley Nº 211 al llegar a acuerdos para aumentar artificialmente los precios en las rutas entre Europa y América.
“Una vez descubierto y sancionado el cartel, las automotoras no tomaron medidas para compensar a los consumidores, como han hecho otras empresas comerciales en todo el mundo. Lo anterior constituye una falta de profesionalismo que deja a los consumidores en indefensión, toda vez que son quienes han soportado directamente los efectos económicos del ilícito y el sobreprecio”, explicó Stefan Larenas, presidente de ODECU.
Compensación económica
El objetivo de la demanda es proteger los intereses colectivos de los clientes que fueron obligados a pagar costos excesivos de transporte marítimo de vehículos nuevos entre los años 2000-2012.
ODECU exige que las automotoras demandadas paguen una indemnización de $212.665 a cada afectado, en concepto de daño emergente, daño moral y daños punitivos. Asimismo, se solicita un aumento del 25% en la indemnización debido a la negligencia de las demandadas.
En este caso, se propone imponer una multa de 0,30 Unidades Tributarias Anuales por cada vehículo motorizado comercializado por cada demandada durante el período de colusión sancionado. El monto total de las multas solicitadas asciende a 55.526.100 Unidades Tributarias Mensuales.