El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó los puntos claves del proyecto de Ley de Cumplimiento Tributario, que se encuentra en segundo trámite en el legislativo, y que establece una serie de medidas asociadas para reducir el empleo informal, cuyo índice representa el 27% de la tasa de empleabilidad total de Chile.
Marcel indicó que cerca de un 40% de los ocupados informales son trabajadores asalariados sin contrato y que la informalidad es mayor en los sectores de agricultura, comercio y servicios personales.
La autoridad hizo estas declaraciones en el contexto de una charla magistral organizada por Asociación de Empresas Región de Valparaíso (ASIVA), en colaboración con la Comisión Impuestos y Cumplimiento Empresarial y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Indicó que “que si Chile se compara con otros países de América Latina la informalidad es bastante menor. México presenta índices de informalidad del 57%, Brasil un 39%, Perú un 68%”.
En la práctica, la iniciativa establece como hecho gravado con IVA las compras de bienes que se realizan por medios electrónicos a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.
Los contribuyentes no residentes podrán inscribirse en el sistema simplificado de declaración de IVA que ya existe para plataforma de servicios.
Sumado a lo anterior, los bienes por un valor de hasta US$ 500 estarán también liberados de aranceles, permitiendo un ingreso más expedito.
Asimismo, se elimina la exención del IVA a la importación de bienes cuyo valor sea inferior a US$41, puesto que “entre 2019 y 2023, la cantidad de envíos por Courier se multiplicó por diez. Para el 2024, se proyectan 22 millones de envíos, de los cuales el 90% tiene un valor inferior a US$41”.
Los razonamientos del ministro Marcel
El titular de Hacienda sostuvo que la iniciativa legal establece que los operadores de portales de pago (POS), plataformas que permiten la venta de bienes o servicios y entidades públicas, deben exigir el inicio de actividades a usuarios y entregar información a la administración tributaria.
El proyecto, además, crea la obligación a entidades bancarias de informar al SII sobre contribuyentes que reciban 50 o más abonos de RUT distintos dentro de un mes o bien 100 dentro de un semestre. Se informará el titular de la cuenta, la cantidad de operaciones y el monto agregado de las operaciones.
Asimismo, se incorporan sanciones equiparables a la clausura de establecimientos a aquellas plataformas de comercio digital que no emiten documentos tributarios y se establece la obligación a vendedores de bienes usados de identificar a sus proveedores a través de documentos tributarios.
En esa línea, Marcel valoró positivamente la formulación de estas políticas para enfrentar la informalidad del empleo, pues remarcó que “impone importantes costos económicos y sociales al país en cuanto a productividad, crecimiento, competencia y equidad. A ello se agrega, el creciente vínculo entre la informalidad más dura, la delincuencia y el crimen organizado”.