dga codigo aguasAd portas de que la reforma se discuta en la Cámara, los diputados defienden que vendría a solucionar diversas problemáticas en la zona, sobre todo en escenarios de escasez. No obstante, el diputado Sergio Gahona advierte que afectaría a agricultores y pequeños mineros.

Intenso debate ha generado en el país y la región la tramitación en el Congreso de la Reforma al Código de Aguas, que en líneas generales, según han señalado los senadores que la impulsan (entre los que se incluyen Adriana Muñoz y Jorge Pizarro) busca como eje el establecer las aguas como bienes nacionales de uso público.

La iniciativa establecería cambios en el otorgamiento de nuevos derechos e impone restricciones al uso, goce y disposición de los derechos de aprovechamiento de aguas, incorporando factores como la temporalidad, extinción por cambio de actividad, priorización de usos, entre otros criterios. Además, fija un caudal ecológico para los cauces.

En los sectores productivos de la zona ha generado reacciones contrapuestas. Por un lado los agricultores y regantes han señalado que tendría un carácter “expropiatorio e inconstitucional”. Sin embargo, dirigentes de la pequeña agricultura familiar campesina reconocen los avances que generan estos cambios, pues propiciaría una mejor distribución del recurso, aunque critican la extensión por la que se siguen otorgando los derechos de aprovechamiento.

El proyecto ya fue aprobado por las comisiones de Agricultura, de Recursos Hídricos y de Hacienda de la Cámara, por lo que se prevé que el próximo 22 de noviembre se incluya en la tabla para su discusión en la sala, y luego pasar al segundo trámite en el Senado.

Serán los diputados entonces los que definirán el destino de la misma y en la zona los parlamentarios oficialistas han manifestado su intención de votar a favor de la reforma.

En este sentido, el diputado (DC) por el octavo distrito, Matías Walker, señaló que le parece que si hay una región de Chile para la cual es importante esta reforma al código de aguas es precisamente Coquimbo. “Yo voy a votar a favor, soy un firme partidario de este proyecto de ley, me tocó participar en la génesis del mismo. Creo que es un proyecto muy relevante, porque establece los usos esenciales del agua y la priorización del recurso, sobre todo en situaciones de escasez”.

Con ello se va a ver beneficiado, dice, la utilización del agua para fines sanitarios, para los comités de agua potable rural, para la producción de alimentos y evita la especulación.

Respecto al temor de los agricultores y regantes en cuanto a que los derechos podrían ser expropiados, el diputado indica que “consideramos que no es expropiatorio ni insconstitucional, no se afecta el derecho en su esencia y hay causales de caducidad pero que tienen que ver con la no utilización del recurso. Por lo tanto, es muy importante para nuestra región, donde vemos, por ejemplo, que las comunidades agrícolas son dueñas de vastas propiedades de tierras agrícolas, pero son dueños de un mínimo de derechos de agua. Acá el recurso tiene que ser para el que lo ocupa y eso está plenamente resguardado en esta legislación”.

Similar opinión tiene el diputado (PPD) por el noveno distrito, Miguel Ángel Alvarado, quien también anuncia su voto a favor de la iniciativa. “Esto es un cambio del estatus jurídico tremendamente importante y uno de los puntos principales es el reconocimiento del derecho humano al agua, lo que debe ser garantizado por el estado”.

A su juicio, el proyecto tiende a equilibrar lo que es la producción con la conservación del medioambiente. “Este es un bien nacional de uso público, no es algo privado y me parece muy importante, por ejemplo, que permita la preservación de los caudales ecológicos, manantiales y humedales”.

En cuanto a si sería expropiatorio, manifiesta que “de expropiatorio no tiene absolutamente nada, al contrario, el que utiliza el agua tiene garantizados y asegurados sus derechos y si no la usa, después de un cierto periodo, evidentemente en un país que tenemos carencias, por supuesto que los va a perder, pero a nadie se le va a expropiar. Acá lo que cambia fundamentalmente es que el agua no es una propiedad individual, sino que más bien son concesiones y que se dan por periodos bastante largos por lo demás”.

En este sentido, agrega que “lo menos que quisiéramos es dar una sensación de estatismo, de expropiación y de aprovechamiento ilícito”.

El diputado (PC) por el octavo distrito, Daniel Núñez, sostuvo que a pesar de que esta reforma no produce todos los cambios que quisiera en la propiedad del agua, porque existe una limitación constitucional “significa un avance importante, porque resuelve algunos de los problemas más agudos que tenemos y por ello lo vamos a votar favorablemente”.

Entre los avances, destaca que “es una reforma modernizadora, en el sentido que corrige algunos de los errores que provienen de un código de aguas muy antiguo y en periodos que había abundancia en el recurso, no de escasez como actualmente. Además combate la especulación, porque cuando una persona tiene un derecho y no lo utiliza se permite extinguirlo y se caduca. Por otro lado tiene prioridades claras en materia de consumo humano”.

Asimismo, valora las mayores facultades que tendrá la DGA para fiscalizar aspectos como el robo del agua “porque permite llamar, con la autorización del gobernador, a la fuerza pública para hacer una fiscalización”.

También rechaza el argumento de que sería expropiatoria, lo que considera una “opinión infundada, que lo que busca es generar temor, no hay ninguna base sólida que respalde ese juicio y acá lo que uno ve es un actor que se cree que es dueño del agua y que puede hacer lo que quiera, pero el agua es un bien nacional de uso público propiedad de todos los chilenos”.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Uno de los detractores de esta reforma en la región es el diputado (UDI), Sergio Gahona, quien reduce en 3 puntos los efectos adversos que la medida tendría para los agricultores e incluso para los pequeños mineros.

El primero de ellos hace referencia, dice, a que los derechos de aprovechamiento de aguas actualmente se conciben como un derecho que tiene las mismas garantías constitucionales de la propiedad, en virtud del cual se pueden ejercer todos los atributos del dominio a la entera libertad de su dueño. “A nosotros nos preocupa que la reforma en trámite modifica esta esencia, al alterar dos aspectos claves de la concepción que hoy tienen los derechos de aprovechamiento de aguas en su naturaleza jurídica, primero en cuanto a la temporalidad y segundo respecto a la supresión de uno de los atributos más importantes del dominio como la disposición”.

Un segundo aspecto que le inquieta, advierte, es que los derechos de aprovechamiento de aguas pasarán a ser meras concesiones administrativas, pues se pierde una de las facultades esenciales de la propiedad “por cuanto se suprime la facultad de la disposición que tiene todo propietario. Por lo tanto, esta afectación pone en duda el ejercicio del derecho y se transforma en una inscontitucionalidad, porque no se le ha otorgado al legislador la facultad para fijar un plazo a la propiedad, la que es de carácter indefinido y perpetuo”.

El parlamentario también expresa sus reparos en lo que tiene que ver con la caducidad y la facultad de revisión, pues según indica el proyecto dispone de una nueva facultad para la Dirección General de Aguas (DGA), para permitir revisar los derechos de aprovechamiento ya otorgados, de manera tal de que si existiere un riesgo de afectación del acuífero o fuente superficial de donde se extrae el agua, estos derechos se verían limitados en su uso o suspendidos temporalmente. “Lo que preocupa es la discrecionalidad con que la DGA podrá ejecutar esta atribución, porque la disposición en la reforma no impone criterios ni requisitos en particular”.

En el caso del caudal ecológico retroactivo, señala que no tiene inconveniente de que haya la fijación de un caudal ecológico “pero de los derechos que se adquieran de aquí en adelante. Ya se legisló de esto el año 2005 y que se estén cambiando las reglas del juego constantemente es una preocupación, sobre todo para nuestros agricultores”.

Finalmente, dice que le inquieta que se introdujeran algunas modificaciones respecto de las aguas del minero, lo que a su parecer también va a traer una complicación para los pequeños mineros. “Cuando el agua aflora, por razones de seguridad y operacionales, tiene que ser extraída y cuando se trata de grandes empresas resuelven el problema adecuadamente, hacen las inscripciones respectivas, en cambio, cuando se trata de un pequeño minero le significará una tramitación y una burocracia adicional”.

Por esta razón el diputado Gahona anuncia que de ser aprobada esta reforma al código de aguas “nosotros vamos a recurrir al tribunal constitucional por vicios de constitucionalidad de lo que se quiere plantear en esta reforma al código de aguas”, enfatizó.

Fuente: Diario El Día