El pleno debatirá y votará 40 puntos, pero en diversos colectivos pronostican que se rechazará la mayoría. Desde el Colectivo Socialista, por ejemplo, pronostican que aprobarían cerca de un 20%.
“Un jueves al rojo”. Así describe un constituyente de centroizquierda el panorama para esta jornada, en que la Convención Constitucional tendrá que debatir y votar en general el primer informe de normas de la Comisión de Medio Ambiente. Se trata de 40 artículos en total -dos son transitorios- que establecen desde derechos de la naturaleza, hasta el reconocimiento de los reinos Animalia, Plantae y Fungi en la próxima Constitución.
Solo los que alcancen al menos 103 votos van a pasar a la votación en particular, que se hará el viernes en la tarde, y los que no, tendrán que regresar a la comisión para un nuevo periodo de debate y redacción. El pronóstico que hacen desde la centroizquierda es complejo: los más optimistas hablan de que podrían aprobar “entre 10 y 15 artículos”, pero los más cautos dicen que, en sus respectivos colectivos, votarían “entre 3 y 7″ a favor. La centroderecha, en tanto, se prepara para rechazar masivamente.
No estoy conforme porque es una versión maximalista una vez más de la Constitución, crea categorías jurídicas nuevas, como los derechos de la naturaleza y los animales, describe mal temas tan complejos como los bienes naturales comunes; profundiza los derechos especiales y superiores para pueblos originarios y tiene una mala construcción de muchas normas que creo que van a ser más difíciles de aplicar, que adecuadas”, argumenta Rodrigo Álvarez (UDI), uno de los cuatro convencionales de Vamos por Chile que participa de la comisión.
“Creo que más o menos se van a aprobar, calculando grosso modo, un 20%, y es un estímulo también para avanzar y mejorar. No nos podemos poner una venda en los ojos y aprobar algo que es perfectible. Ese rechazo lo veo como una evaluación o posibilidad de mejora y creo que es mejor a que quede algo que no corresponde, porque esto no es cualquier cosa”, explica Trinidad Castillo (Colectivo Socialista), integrante de Medio Ambiente.
Otras voces del Colectivo Socialista confirman que van a rechazar “la mayoría” de las normas, mismo escenario en el que se ponen en el Frente Amplio y en Independientes No Neutrales, desde donde dicen que aprobarían “entre tres y cinco”.
Lo que sucedió en la comisión
¿Por qué se llegó a aquello? Castillo afirma que “faltó diálogo” debido a los cortos tiempos de debate; pero también se explica porque la mayoría de los convencionales de Medio Ambiente que aprobaron las normas en esa instancia son ecoconstituyentes y comparten visiones similares sobre los puntos que debería contemplar la nueva Constitución. Los acuerdos transversales entre izquierda y centroizquierda recién se alcanzaron en una etapa final de la discusión del primer informe, y, a juicio de quienes participaron de esas conversaciones, faltó tiempo para mejorar las propuestas.
Pero la instancia tampoco tenía presencia de todas las fuerzas: no hay nadie de Colectivo del Apruebo -antes estaba Bessy Gallardo, que se sumó a Chile Digno- y el Frente Amplio tampoco inscribió a ninguno de los suyos para representarlos ahí. “Diez o 15 normas creemos que son las trascendentales.
Hay otras que tienen dificultades en el sentido de que se cruzan las competencias y no las vamos a aprobar porque corresponden a otras comisiones; otras son redundantes, o tienes 4 artículos para hablar de una materia, y queremos que eso se pueda condensar.
Vamos a hacer ese guiño político para luego poder conversar cómo se construye este informe de reemplazo y cómo se abordan las materias particulares”, explica Yarela Gómez (FA), parte de los ecoconstituyentes. Entre los puntos “trascendentales” estarían: el reconocimiento de que existe una crisis climática, que está en el artículo 1°, algunos puntos sobre bienes comunes naturales y los derechos de la naturaleza.
Sin embargo, quienes tienen las visiones más críticas dentro del Frente Amplio advierten que podrían aprobar entre 3 y 7 normas. Según explican en ese colectivo, a partir de la votación de este informe los frenteamplistas buscarán involucrarse más en la discusión de esa comisión, enviando directamente a alguno de sus representantes a intervenir en los debates sobre las normas que deban ser modificadas.
En tanto, desde Movimientos Sociales Constituyentes esperan que se puedan aprobar “la mayoría”, de acuerdo con lo que comenta Gloria Alvarado (MSC), integrante de la comisión. No obstante, reconoce que “hay varias cosas que nos gustaría que hubiesen quedado mejor redactadas, sin embargo hay un tema de tiempo que ha primado en el trabajo de la Convención”. “Están los bienes comunes naturales, los principios, los derechos de la naturaleza, el tema de los animales, democracia ambiental. No los podemos perder de ninguna manera, son intransables nuestros y estamos conversando con los diferentes espacios de manera que nos entiendan.
En la Comisión de Medio Ambiente siempre nos han visto como revolucionarios, que queremos cambiar todo. Sí van a haber cambios, porque para eso estamos acá, si no no se habría originado el 18 de octubre”, comenta Alvarado, una de las ecoconstituyentes.
“Que va a molestar a algunas personas, sí, pero creo que tiene que haber comprensión. Estos cambios tampoco son abruptos, vienen con toda la gradualidad del mundo porque después viene la bajada de las leyes”, suma. Los puntos en conflicto: naturaleza y bienes comunes Uno de los puntos que genera más dudas entre los convencionales es el que consagra los derechos de la naturaleza.
El artículo 4° establece que “la naturaleza (…) tiene derecho a que se respete y proteja integralmente su existencia, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos naturales, estructura, funciones, equilibrio ecosistémico y diversidad biológica”. “En el Artículo 6°, cualquiera representa la naturaleza: ¿podría tener la naturaleza distintas voces, distintos titulares, con peticiones contradictorias? Seguro los ecoconstituyentes se imaginan que sólo intervendrán activistas ecológicos en esos juicios y pasan por alto que, si defiende las liebres, habrá otros que defenderán su exterminio como plaga que perjudica otras especies.
Esta Convención, si aprueba, creará otra confusión aquí”, afirma Bernardo Fontaine de Vamos Por Chile. Además, en el texto se establecen los deberes del Estado con respecto a esos derechos, y el artículo 10° dice que tendrá que promover una “revisión histórica histórica que busque identificar los procesos evolutivos de la Naturaleza y reconocer las intervenciones humanas sobre ella, y establecer la verdad histórica en la vulneración de sus derechos, a fin de lograr procesos de justicia y reparación integral de la Naturaleza”.
Otro de los temas es la definición de los “bienes comunes naturales”, que son “aquellos elementos o componentes de la Naturaleza que son comunes a todos los seres vivos y pueblos y naciones de Chile”, no apropiables y según el artículo 15°, el Estado podrá autorizar el uso por parte de particulares de estos bienes. La propuesta define que se consideran al menos: “las aguas en todas sus formas e interfaces, incluyendo glaciares y criósfera; el mar territorial, la altamar y el fondo marino; las playas, dunas y el borde costero; el subsuelo; los humedales; el aire, viento y atmósfera; la radiación solar; los campos geotérmicos; la alta montaña; el cielo y el espacio; y aquellos que declare la constitución y las leyes”. Otro artículo, en cambio, dice que “son bienes naturales comunes, a lo menos, aquellos que declara la Constitución y las Leyes”.
Asimismo, se establece que el Estado no podrá asignar autorizaciones de uso sobre bienes comunes naturales existentes en tierras y territorios indígenas para personas naturales o jurídicas no indígenas, o indígenas pertenecientes a otro pueblo, “sin el consentimiento previo libre e informado de cada pueblo respectivo”.
Animales y derechos ambientales
En otra parte del informe, se consagra que el Estado tendrá como deber asegurar que “que las frecuencias electromagnéticas que somete a la Naturaleza no provocan alteraciones graves a la salud de las personas, animales y ecosistemas, para ello se basará en la evidencia científica pertinente”. En cuanto a los derechos de los animales, una norma reconoce expresamente que deben ser protegidos por el Estado, “reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato”.
Se consideran asimismo ciertos principios, como el de no regresión, progresividad, precautorio, justicia ambiental y ecológica, solidad intra e intergeneracional, transparencia, entre otros; y en el artículo 29° se establece que una vulneración “gravísima” de los derechos de la naturaleza es, por ejemplo, la extinción de una especie o población de esta.
Los delitos, según lo que plantea el informe, serán “imprescriptibles”. Hay todo un apartado denominado “De la democracia ecológica y plurinacional”, que, entre otras cosas, consagra el derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales; y establece que los pueblos originarios tienen la facultad de aceptar o rechazar proyectos públicos o privados que tengan impacto “en sus territorios y en los bienes comunes naturales”.
Finalmente, se consagra el derecho a la información ambiental y a la justicia en materia ambiental; además de un artículo transitorio que crea un “Servicio para la Crisis Climática y Ecológica” y otro que obliga al Estado a realizar un catastro de vertederos, basurales y microbasurales dentro del territorio nacional. La última frase de las normas aprobadas dice que “todo aquello que contravenga con lo estipulado en los artículos precedentes, quedará derogado en el plazo de 2 años contados desde la publicación del presente instrumento”.
Fuente: Emol.com