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Como una zona de emergencia ‘híper atenuada’ o incluso ‘descafeinada’ calificaron exautoridades, parlamentarios y gremios de la llamada ‘zona roja’ de la violencia en el sur del país el estado de excepción ‘acotado’ que rige desde ayer en cuatro provincias de Biobío y La Araucanía, y que concentra las fuerzas militares en las principales rutas de esas zonas, para garantizar el tránsito y la seguridad.

Coincidentemente, ayer, los principales hechos de violencia se concentraron en una ruta, la P-40, en Lebu, la que debió ser cerrada debido a un masivo corte de árboles y a la acción de grupos armados.

Las críticas de los dirigentes apuntan a que la focalización caminera ‘desprotege’ a los predios agrícolas y forestales, así como debilita la posibilidad de evitar las usurpaciones en zonas rurales, delitos que aumentaron desde que se levantó el estado de excepción anterior, según un estudio de la Multigremial de La Araucanía (ver recuadro).

También consideran que la medida apunta a evitar eventuales protestas de gremios que busquen cortar o bloquear las vías, como ocurrió con camioneros, contratistas y trabajadores forestales, cuando se manifestaron en contra del incremento de atentados.

En el decreto 189, publicado ayer en el Diario Oficial, el Gobierno argumentó que la medida se adoptó en consideración a que ‘hemos tenido un aumento de los actos violentos en las rutas, en especial en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío’.

El exgobernador de Malleco, y actual diputado de RN, Juan Carlos Beltrán, abogó para que ‘se detalle con claridad las facultades que tendrán las Fuerzas Armadas para que sean un real aporte para el trabajo de orden y seguridad que realiza Carabineros’. A su juicio, ‘debe quedar establecido con nitidez que el Ejército acompañe con su personal y vehículos no solo la vigilancia en la Ruta 5 y otras vías principales, sino también en los caminos interiores y secundarios, que conectan con todas las comunas que convergen hacia la Ruta 5’.

Consultado respecto de las limitaciones establecidas para el estado de excepción, Richard Caifal, exgobernador de Cautín y presidente del Centro de Política Indígena Rakizuam, sostuvo que ‘cuesta descifrar las características de esta medida’. Planteó que ‘aunque era urgente una acción del Estado, lo que fue largamente eludido por el Gobierno pese al incremento de la violencia, no quedan claros los alcances y lo que se pretende establecer, porque la mayoría de los eventos de fuerza ocurren en zonas alejadas de las carreteras, en sectores rurales, y eso genera preocupación’.

Al respecto, el jefe de la Defensa Nacional para Arauco y Biobío, contraalmirante Jorge Parga, dijo que, pese al requerimiento de concentrar esfuerzos en las rutas principales, ‘las circunstancias son similares al estado de excepción anterior’.

Parga agregó que en su zona ‘habrá medios de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército’, y que ‘se busca dar una sensación de seguridad integral’.

Mientras la Confederación Nacional de Dueños de Camiones abogó para que no ‘haya letra chica’ en la labor militar, el diputado de RN por La Araucanía Miguel Mellado sostuvo que ‘este estado de excepción descafeinado deja a los militares como meros semáforos en las carreteras’. Añadió que ‘esta medida busca impedir que las víctimas se tomen las rutas en protesta por la falta de seguridad’.

Parga respondió que ‘es poco probable que ocurran esos bloqueos, porque el fin de esta acción es darle más seguridad al transporte terrestre, y esperamos cooperación de los camioneros’.

Recuadro

CONTINGENTE

Contraalmirante confirmó llegada a Biobío de refuerzos de otras regiones y ramas.

Violencia subió 171% tras repliegue de FF.AA. en marzo

En un 171% aumentaron los hechos de violencia en el sur del país desde que se levantó el anterior estado de excepción, el 26 de marzo pasado, hasta el 15 de mayo, según revela el Tercer Informe de Impacto elaborado por la Multigremial de La Araucanía.

El estudio, difundido ayer, en coincidencia con la promulgación del decreto que establece el inicio de una nueva medida extraordinaria en la macrozona sur, comparó los últimos 50 días del anterior estado de emergencia con las 50 jornadas siguientes. Según el registro, los hechos de violencia aumentaron de 45 a 122 (171%); los ataques armados contra personas, de 9 a 35 (289%); los atentados incendiarios, de 23 a 44 (91%), y las usurpaciones de predios, de 2 a 10 (400%).

Según detalla el análisis de la multigremial, mientras en los últimos 50 días del estado de excepción previo las acciones de fuerza se concentraban en cinco provincias del sur (Arauco, Biobío, Malleco, Cautín y Valdivia), en el período posterior lo hicieron en siete, con la incorporación de Concepción y Osorno.

En el comparativo, el número de comunas afectadas por estos episodios se incrementó de 22 a 40 (82%). Dicho aumento fue liderado por Tirúa, que saltó de 1 a 15 actos violentos; Cañete, que pasó de 2 a 12, y Lumaco, de 2 a 9.

Fuente: El Mercurio

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