Ante la denuncia realizada por el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, respecto a una supuesta falta de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) a la comercialización de la madera en la macrozona sur, diversos parlamentarios y asociaciones gremiales estuvieron de acuerdo con los dichos de la autoridad regional. En concreto, Rodrigo Díaz denunció la existencia de corrupción en la macrozona sur respecto a la persecución del robo de madera, asegurando que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no realiza las adecuadas fiscalizaciones ante la comercialización de la materia prima y que, desde 2018, la entidad “dejó de seguir la ruta del dinero”. Asimismo, la autoridad aseguró que Carabineros aplica un control ‘ocasional’ a los camiones destinados al transporte del producto.
A sólo horas de los dichos de la autoridad regional, el jefe de la Defensa Nacional del Biobío, almirante Juan Pablo Zúñiga, reconoció que “en estos momentos no contamos con fiscalizadores” del SII. No obstante, el alto oficial informó que le solicitó al Gobierno disponer de personal del Servicio para controlar a los camiones que transportan madera, situación que estaría siendo coordinada con la delegación presidencial y que habría sido pedida “antes de ayer”. Asimismo, Zúñiga aclaró que en enero, es decir, durante el estado de excepción decretado por el ex Presidente Sebastián Piñera, “estuvo Impuestos Internos en algunos controles y creo que es importante que todos participaremos mancomunadamente y de forma colaborativa”. Al respecto, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena (IND), señaló a Emol que “coincide” con lo planteado por el gobernador Díaz. “Si Corma ha planteado que hay alrededor de 100 millones de dólares en robo de madera en la macrozona sur, es decir, en la Región del Biobío y en La Araucanía, evidentemente llama la atención que no haya un trabajo mancomunado entre la policías y Servicio de Impuestos Internos”, sostuvo la parlamentaria. En esa línea, la legisladora aseguró que “es demasiado evidente que allí hay un problema de coordinación”. Si bien la parlamentaria no se refirió con mayor detalle a la denuncia de “corrupción” realizada por el gobernador, manifestó que “sí es preocupante que no se haga la fiscalización necesaria. Ahí tienen que haber documentos irregulares que hacen que efectivamente esta madera termine vendiéndose en algún lugar”. Por ello, la senadora Aravena insistió en que “es muy relevante que se avance en el proyecto de robo de madera que obliga, ordena y estructura una manera de fiscalizar, de manera más efectiva, claramente más que lo que se está haciendo hoy día. Esta situación es urgente, y si bien la oposición anterior –hoy día oficialismo– se negó permanentemente a apoyar este proyecto, hoy día no cabe duda que quién no quiera apoyarlo está de acuerdo con el robo de madera”. Con una opinión un tanto más crítica, la diputada por La Araucanía, Gloria Naveillán (REP), aseveró que “no le cabe duda” que en la macrozona sur existe “corrupción en torno al tema” del robo de madera. Pues, en palabras de la parlamentaria “es bastante extraño que con la cantidad de años que sabemos que hay robo de madera, por un lado curiosos los pocos detenidos que hay. En segundo lugar, curioso que cuando hay detenidos quedan libres casi de manera automática”. Al ser consultada por su opinión en torno a las falencias existentes detrás de la persecución del robo de madera, la legisladora planteó que “hay dos organismos públicos que, a mí parecer, están fallando estrepitosamente: uno es efectivamente el Servicio de Impuestos Internos. No tengo idea si les falta personal, pero sabemos que estos camiones recorren los caminos con guías falsas (…) Y por otro lado, también la Conaf”.
“No nos olvidemos que la Conaf es la que otorga los planes de manejo de los bosques. Nadie fiscaliza que efectivamente sea ese bosque y la cantidad de madera que está saliendo del bosque. Entonces, si no hay fiscalización de quien otorga el permiso y por otro no hay fiscalización de evasión de impuestos por parte de quienes circulan con madera robada, lo menos que uno puede pensar es que algo muy curioso está pasando”, agregó. Frente a ello, y en línea con los dichos de Aravena, la diputada Naveillán aseguró que, para que se controle este delito, se debe aplicar “una pena de cárcel efectiva. No me cabe duda que eso va a afectar a que baje el delito y lo mismo pasa con las usurpaciones. Estos dos delitos tienen que tener penas más altas, es la única manera de que vayan disminuyendo los grados de corrupción que desgraciadamente se han metido por todas partes”. En tanto, el diputado por la Región del Biobío, Eric Aedo (DC) aseveró que “desde que asumí la jefatura de la bancada de la Democracia Cristiana he dicho con toda claridad que en la zona de Arauco hay terrorismo y crimen organizado. Un terrorismo y crimen organizado que al año roba 6 mil camiones de madera de manera ilegal”. En esa línea, el parlamentario respaldó los dichos de Rodrigo Díaz: “El gobernador regional a esos hechos le ha puesto una cifra, él habla de 100 millones de dólares y obviamente que respaldo sus dichos. Por otro parte, me contenta que seamos más autoridades políticas que estemos llamando las cosas por su nombre (…) Respaldo al gobernador regional y llamo a que se investigue esta ruta del dinero”. “No es posible que nadie vea esos 6 mil camiones que circulan con madera robada todos los años. No es posible que nadie vea las facturas falsas, las guías falsas. No es posible que pasen, tal como indica el gobernador, estos camiones en puntos de control o a través de los peajes de la zona sin que nadie se percate”, añadió. Por ello, Aedo instó a que “es necesario que el Servicio de Impuestos Internos investigue los movimientos de cuentas, impuestos e ingresos de personas que están asociados a este comercio ilegal”. Por su parte, el diputado por la Región de La Araucanía, Miguel Mellado (RN) tuvo una mirada más crítica en contra de Rodrigo Díaz, pues insistió en que el gobernador “no tiene datos duros sobre su aseveración” respecto a la existencia de corrupción en la macrozona sur. “Yo no puedo decir que haya corrupción, eso tendrá que probarlo el gobernador y que tiene bastantes facultades para poder hacerlo. Si él tiene antecedentes de que existe corrupción y como autoridad tiene que, inmediatamente, colocar a disposición de la fiscalía los antecedentes”, puntualizó el legislador. Pese a ello, el diputado estuvo de acuerdo con que faltan mayores facultades y herramientas para el Servicio de Impuestos Internos, Conaf y las policías a la hora de fiscalizar a los camiones o vendedores de maderas, para lo cual aseguró que es importante el proyecto de ley que trata sobre la tipificación del robo de madera. “Sí estoy de acuerdo en que quizás, las instituciones del Estado y por eso es importante el proyecto de ley, tengan la obligación de hacerlo (fiscalizar) en terreno. Por ejemplo, cuando Carabineros ve una patente de un camión y le pida sus documentos, ellos no están capacitados para ver que los documentos son los originales, ver que efectivamente la cantidad de madera que llevan haya salido de ese campo”, advierte Mellado. En ese contexto, el diputado plantea la importancia del proyecto, ya que sostiene que este “involucra a Conaf, a Impuestos Internos, tiene además más atribuciones para Carabineros, también todo lo que es inteligencia y la trazabilidad. Lamentablemente, el subsecretario Monsalve se corrió cuando nosotros le pedimos que le coloque urgencia al proyecto de robo de madera”. Asociaciones gremiales Ante los dichos del gobernador Díaz, el presidente Multigremial Biobío, Jorge Guzmán, manifestó a este medio que desde la asociación “coincidimos en que falta una coordinación entre Carabineros y el SII”. Sin embargo, el representante gremial fue enfático en aludir a que “más allá de las culpabilidades que esgrime el gobernador de Biobío, creemos que hoy no existe la voluntad política para tipificar el robo de madera como un delito y perseguirlo penalmente. En octubre de 2021, mientras el Presidente Boric y el ministro Jackson eran diputados, votaron en contra de esta iniciativa que es uno de los principales ilícitos que se producen en la macrozona sur”. Por su parte, Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) sostuvo que “no son 22 mil kilómetros que cubrir, son 22 puntos estratégicos que controlar. Hoy no hay fiscalización o control efectivo en esos puntos por donde transita la madera ilegal y es lo que facilita que las bandas que roban madera actúen con impunidad”. Ante aquella aseveración, Ugarte insistió en que “es muy importante que se vuelva a activar la unidad especial que tenía el Servicio de Impuestos Internos para estos efectos y que el Poder Judicial, legisladores y gobierno asuman un rol más activo en este tema y formen un grupo de trabajo con Impuestos Internos, Aduanas, Carabineros y PDI y escuchen a los gobiernos locales, a los gobernadores de Biobío y Araucanía que son quienes viven a diario este problema y delito”. “¡El robo de madera se puede evitar! Nosotros estamos impulsando acciones de prevención y tenemos total disposición para aportar toda la información que pueda ser útil para acabar con este flagelo”, concluyó el presidente de Corma.
Fuente: Emol.com