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En medio de la polémica que se ha desatado en torno a la decisión del Gobierno de suspender las parcelaciones rurales, ayer un grupo de senadores de oposición ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del Presidente Gabriel Boric, acusándolo de no promulgar una ley que supuestamente regula la materia. Quienes impulsan la acción aseguran que desde el gobierno de la Unidad Popular (UP), liderado por Salvador Allende, que un Presidente no cumplía los plazos para promulgar una ley.

El requerimiento es patrocinado por los senadores Luz Ebensperger (UDI); Paulina Núñez (RN); Juan Castro (RN); Francisco Chahuán (RN); Juan Antonio Coloma (UDI); José Miguel Durana (UDI); Rodrigo Galilea (RN); José García Ruminot (RN), Javier Macaya (UDI); Iván Moreira (UDI); Manuel José Ossandón; Rafael Prohens (RN); Kenneth Pugh; Gustavo Sanhueza, David Sandoval (UDI) y Enrique Van Rysselberghe (UDI).

"Junto a un grupo de senadores, hemos presentado un requerimiento en contra del Presidente Boric por no haber promulgado una ley que garantizaba el acceso a caminos públicos de predios subdivididos en áreas rurales, tramitada en el Congreso de este país", expuso el senador Galilea, añadiendo que "es una ley importante y el Presidente de Chile no promulgó el texto legal, como ordena la Constitución, lo que no ocurría desde 1972″.

"Esto habla de una desprolijidad enorme dentro del Palacio de La Moneda, en particular de la Secretaría General de la Presidencia y habría por qué se cometen fallas de esta magnitud. No es posible que tengamos un ministerio y a un ministro que no se encarga de las cosas más obvias, tales como promulgar y publicar las leyes que tramita el Congreso", subrayó. En esa línea, añadió, "esperamos que se reflexione, se corrija y que no se sigan cometiendo este tipo de errores, que hablan muy mal de la manera en que se está ejerciendo el Poder Ejecutivo en este país".

Por su parte, el senador Prohens expuso que "el requerimiento tiene por objeto pedir que el Ejecutivo promulgue la ley, lo que en este momento podría configurar un abandono de sus funciones por parte del Gobierno, lo que es muy delicado". "Le pido al gobierno que se dedique a lo suyo y a hacer las cosas bien, que deje de lado los intereses particulares o por último, que lo haga después de la hora de trabajo, porque no podemos tener más errores como éste", subrayó.

Argumentos del requerimiento Según el requerimiento, el Presidente Boric habría vulnerado el deber constitucional de promulgar, dentro de los plazos establecidos por la Constitución vigente, el proyecto de ley que modifica el Decreto Ley N°3.516, de 1980, que establece normas sobre división de predios rústicos. Lo anterior, "para garantizar el acceso a espacios públicos y caminos Cora, correspondiente al boletín N°12.268-01, el cual le fue remitido totalmente tramitado por Oficio N°17.480, fechado en Valparaíso el 31 de mayo de 2022, del presidente de la Cámara de Diputados don Raúl Soto Mardones y su secretario general don Miguel Landeros Perkic".

De acuerdo con el documento, el Presidente contaba con un plazo de treinta días para ejercer su facultad constitucional de veto, el cual vencía el 30 de junio de 2022. "Atendido que el oficio no ha vuelto a la Cámara de Diputados, no cabe sino concluir que el Presidente no ha hecho uso de su facultad, y por ende, que ha aprobado el proyecto", deslizaron los senadores.

En esa línea, expusieron que Boric contaba con un plazo de diez días para promulgar el proyecto, plazo que venció en pasado 10 de julio. "A la fecha de presentación de esta solicitud, no se ha emitido el correspondiente decreto promulgatorio ni ha sido ingresado a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón", recalcó el texto. El conflicto se produce luego que el Ministerio de Agricultura emitiera un instructivo que establece regulaciones para parcelaciones rurales.

La cartera liderada por Esteban Valenzuela instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) la suspensión de la certificación de la subdivisión de predios rústicos que pudieran significar una amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de las localidades en las que están emplazados. Lo anterior, con el objetivo de enfrentar los problemas que ha acarreado la proliferación de proyectos de loteos en áreas rurales que, según el Gobierno, vulnerarían la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola, cuando en realidad cambian a destino habitacional

Fuente: Emol.com

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