Durante la semana pasada, el Ministerio de Agricultura (Minagri) dictó un instructivo al Servicio Agrícola Ganadero (SAG) que pide suspender todas las solicitudes de subdivisiones de predios rurales, donde haya sospecha de que serán utilizados para fines habitacionales, en vez de destinos agrícolas.
Esto generó un sinfín de polémicas, con críticas que llovieron desde la oposición hasta el mismo oficialismo. En El Agro hablamos de qué impacto puede tener esto en la actividad agrícola, ayuda a detener la proliferación de parcelaciones rurales, o más bien genera un problema mayor a futuro, junto a Andrés Montero, director de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
Para Montero, este es un tema que “ha venido creciendo en los últimos años, ha hecho crisis con la pandemia. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, pero tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, dictando una normativa que deja en el aire a todos, a los que han hecho bien las cosas y los que lo han hecho mal”.
Y agrega que “nosotros como gremio estamos por proteger la industria agrícola. Aquí entra a lidiar normativa del Ministerio de Vivienda, entonces las normativas deben ser multisectoriales, no solo competen al Ministerio de Agricultura”.
En este mismo sentido, Montero señaló que “a título personal, encuentro que algo hay que hacer, en eso le encuentro razón al Ministro, pero la forma abrupta y a rajatabla, me parece un poco apresurada“.
Y añadió que “en lo que afecta al sector agrícola, mucho se habla de la economía sustentable, de la soberanía alimentaria, entonces si hacemos que poco a poco las ciudades se extiendan rápidamente, se genera la necesidad de llevarles energía, agua, gente que saque la basura, es un problema para la municipalidad. Hay una cantidad de externalidades negativas, entonces hay un tema complejo que hay que desarrollar”.