La ex Presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y altos funcionarios de su Gobierno enfrentarán un juicio oral y público por presunto encubrimiento a iraníes acusados del atentado al centro judío AMIA en 1994, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
El juez federal Claudio Bonadio cerró la etapa de instrucción y elevó a juicio oral, cuya fecha aún debe definirse, la causa contra la ahora senadora Kirchner, su ex canciller Héctor Timerman, su ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y otros imputados, precisó el CIJ.
Todos ellos se encuentran procesados por abuso de autoridad y encubrimiento agravado por la firma en 2012 de un memorando con Irán, aprobado por el Congreso, que buscaba indagar a los acusados iraníes en Teherán. Eso nunca se aplicó.
La fecha del juicio será fijada cuando se integre el tribunal federal.
La elevación a juicio se produjo cinco días después de que otro juez, Julián Ercolini, hiciera lo propio con un caso que involucraba a Fernández por presunta asociación ilícita.
La causa que investiga Bonadio fue abierta a raíz de una denuncia del fiscal Alberto Nisman presentada cuatro días antes de su muerte, el 18 de enero de 2015.
Luego fue desestimada en varias instancias judiciales, pero fue reactivada por Bonadio en agosto de 2016.
En diciembre pasado, Bonadio había pedido el desafuero de Fernández para poder detenerla por traición a la patria y por encubrimiento agravado. El primer delito fue desestimado por la cámara de apelaciones que ratificó el segundo.
Timerman sufre grave estado de salud debido a un cáncer. Zannini cumple prisión preventiva desde el pasado 7 de diciembre.
Fernández, que ha denunciado “persecución política y judicial”, expresó su interés porque se llegue “cuanto antes” a juicio oral para esclarecer las causas de las que se dice inocente.
El magistrado había acusado a la ex Presidenta de impulsar “un plan criminal orquestado” con Irán para dotar de impunidad a los iraníes imputados por el atentado en 1994 a la mutual judía, que dejó 85 muertos y 300 heridos, en un caso que no dejó detenidos.
En una resolución de 29 páginas, Bonadio consideró que “se permite tener por acreditada la materialidad del delito investigado, como así también la responsabilidad de los imputados en los sucesos”.
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