En el informe, se reconoce violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos, entre ellos, detenciones arbitrarias, maltratos y torturas a dirigentes opositores, violencia sexual y de género al interior de las cárceles y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
El documento abarca el período entre enero de 2018 y mayo del año 2019, en donde concluye que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela”.
En este sentido, la parlamentaria argentina María Luisa Storani, perteneciente al partido de Mauricio Macri, propone adherirse y dar un respaldo institucional al informe, sin embargo la idea fue rechazada por el pleno del Parlasur.
En contra de la iniciativa estuvieron los parlamentarios argentinos del kirchnerista Frente para la Victoria, miembros del Partido de los Trabajadores de Brasil y algunos integrantes del Frente Amplio uruguayo, además de legisladores venezolanos afines al chavismo.
“Una vez más el kirchnerismo no quiere hablar de Venezuela. Es vergonzoso y preocupante”, afirmó Storani en su cuenta de Twitter.
No obstante, el organismo sí aprobó una declaración sobre la situación de Ecuador en la que manifestó su “preocupación por la aplicación de políticas de ajuste por parte del gobierno de la República del Ecuador, demandadas por el Fondo Monetario Internacional”.
Aunque esta idea fue rechazada, el Gobierno de Mauricio Macri emprende otras acciones para denunciar a Nicolás Maduro ante organismos internacionales.
Entre el 24 de julio y el 22 de agosto el Gobierno argentino habilitó una oficina y una línea telefónica para que los venezolanos pudieran presentar sus testimonios de los crímenes sufridos bajo el régimen de Maduro, con el objetivo de elaborar este informe que fue presentado en la Corte Penal Internacional.