La persecución de civiles por razones políticas en Nicaragua constituye un crimen contra la humanidad, según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre el país centroamericano, que constataron casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y retirada indiscriminada de la nacionalidad, entre otros abusos.
El grupo concluyó que no se trata de un fenómeno aislado, sino que “se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos”, en palabras del experto independiente Jan Simon. “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”, advirtió.
Por ello, reclamaron a la comunidad internacional que impongan sanciones tanto contra dirigentes como contra instituciones, en la medida que hay un patrón claro para “eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”. Señalan directamente al presidente, Daniel Ortega, y a su ‘número dos’ y esposa, Rosario Murillo.
“Las altas autoridades del Gobierno de Nicaragua lograron instrumentalizar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras”, afirmó Simon en un comunicado.
Los expertos estiman que más de 3.100 organizaciones de la sociedad civil cerraron desde el año 2018, mientras que prácticamente todos los medios independientes y las organizaciones que supervisan los Derechos Humanos operan desde el exterior.