La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a segundo trámite al Senado el proyecto que regula el uso medicinal del cannabis.
Se trata de una iniciativa de artículo único que incorpora al Código Sanitario una norma que indica que, “tratándose de la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis, destinados a la atención de un tratamiento médico, deberán ser prescritas por un médico cirujano tratante, mediante la correspondiente receta extendida de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en el reglamento”.
Agrega que dicha prescripción médica deberá indicar también “el diagnóstico de la enfermedad, su correspondiente tratamiento y la forma de administración del cannabis, que en ningún caso podrá ser mediante combustión”.
Luego, el proyecto indica que la citada receta constituirá autorización suficiente, respecto a la limitación establecida en la Ley 20.000 (art. 8) sobre autocultivo, “cuando especifique la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento y corresponda a alguna de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos”.
Finalmente, la iniciativa especifica que corresponderá al médico tratante fundamentar en su diagnóstico la pertinencia del tratamiento indicado en la receta médica y que no se considerarán como falsificados los productos naturales derivados de cannabis, siempre que su uso sea prescrito con fines medicinales.
La propuesta legal fue objeto de un amplio debate durante las dos sesiones en las cuales se abordó el tema, participando activamente cerca de 40 legisladores de todas las bancadas.
En términos generales, los adherentes al proyecto reafirmaron la necesidad de avanzar en la materia y de dar respuesta a un importante número de personas que requieren de los derivados de la cannabis para sus tratamientos médicos y que suelen ser objeto de una persecución policial por no entenderse sus autoculivos como un asunto de índole medicinal, sino más bien relacionado a las acciones que se sancionan en la Ley de Drogas.
Por otra parte, los detractores de la iniciativa se manifestaron principalmente preocupados por temas como la fiscalización de estas autorizaciones, por evitar la publicidad de productos derivados de la cannabis y por obligar a la instalación de advertencias en los envases de los productos sobre los daños que eventualmente se pueden producir por el consumo abusivo de la cannabis.