CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO
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El subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, se refirió la mañana de este jueves a la indicación sustitutiva de pago oportuno de facturas que afectará a empresas y el sector público y que debiera beneficiar a las pymes, a cual fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera.

En diálogo con radio ADN, la autoridad reiteró que el proyecto de ley -que actualmente se discute en la comisión de economía de la Cámara Baja- permitirá reducir el plazo máximo de pago a 60 días y establecer intereses si son más.

No obstante, Guerrero aprovechó la instancia para salir al paso de diversos mitos que estigmatizan a las instituciones públicas, señalando que “el Estado no es tan mal pagador”.

“Nosotros hicimos nuestro estudio en el Ministerio de Economía y nuestros 13 servicios asociados, entre los que está Corfo, Sernatur, el INE, entre otros, y el promedio de pago estaba alrededor de los 13 y 17 días”, indicó a la emisora.

Aún así, el subsecretario precisó que “evidentemente, hay ciertos servicios que tienen una mochila financiera bastante más pesada, que son los servicios de salud, Cenabast y los municipios”.

En esos casos particulares, la ley fijará un plazo extra de tres años para ir incorporándose al nuevo régimen y así cumplir con las nuevas exigencias. Pero aclaró que la ley fijará “el pago del Estado a 30 días, salvo las concesiones”.

“Hoy día, la realidad es que no contamos con ningún tipo de plazo. Lo que recoge esta medida es acotar el problema en toda su cadena, lo primero que estamos haciendo es fijar la guía de despacho electrónica como una obligación”, añadió.

Con ello, la medida permitirá “anclar el momento de la entrega de los bienes y servicios. Fijada esta ancla, se determina una cantidad de días para la emisión de la factura”, que constará de 60 días.

“Luego de esa emisión de factura hay ocho días de aceptación de la misma, y posteriormente comienzan a correr los días”, que implicarán intereses, afirmó Guerrero.

Al concluir, aseguró que existirán incentivos para pagar las facturas antes de los 60 días. Por ejemplo, “las empresas no van a poder hacer uso de su crédito IVA si es que no tienen las facturas pagadas”.

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