La fiscalía presentó ayer acusación en contra de Corpesca S.A. por su responsabilidad en presuntos sobornos al ex senador Jaime Orpis y a la ex diputada Marta Isasi, al culminar una de las investigaciones por financiamiento ilegal de campañas políticas, similar a los casos Penta y SQM.
Según informa hoy El Mercurio, la acusación fue presentada por el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, y la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.
En ella, los fiscales piden para la empresa una pena de una multa de 20.000 UTM, unos $947 millones, y 5 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado.
A la empresa se le imputa que a través de su gerente general, Francisco Mujica, financió la campaña política del entonces senador Orpis y de la ex diputada Isasi, “al margen del régimen legal de financiamiento”.
Se sostiene que Corpesca accedió a la solicitud del senador, “consintiendo en darle los beneficios económicos solicitados, pagando a este funcionario público las sumas de dinero requeridas a través de boletas de terceros ideológicamente falsas que fueron entregadas al efecto”.
En la acusación dicen que Orpis recibió una serie de instrucciones, vía correo electrónico, así como también documentos o materiales que luego fueron reproducidos por este en sus intervenciones, durante la tramitación de diversos proyectos de Ley de Pesca.
En la presentación, además, se solicitó nuevamente la pena de 21 años y un día para Orpis, por una defraudación fiscal de más de $307 millones.
El ex congresista está acusado por tres delitos reiterados y consumados. El primero, de fraude al fisco, por el cual se pide una pena de 12 años de presidio, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa del 50% del perjuicio.
El segundo, por cohecho, por el cual se solicita una pena de seis años, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa por el beneficio solicitado.
Y el tercero, por delitos tributarios, por el que se piden tres años y un día y una multa de 40 unidades tributarias mensuales. Su defensa en sus alegaciones ha insistido en la inocencia de su representado.