La Comisión de Salud del Senado analizó hoy la acusación de colusión formulada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) en contra de 111 médicos cirujanos de Valparaíso, agrupados en una Asociación Gremial sobre la cual el ente fiscalizador pidió su disolución y solicitó una multa de 569 millones de pesos para sus integrantes.
La instancia, presidida por el senador Guido Girardi e integrada por los parlamentarios Rabindranath Quinteros, Francisco Chahuán y Jacqueline van Rysselberghe, escuchó los argumentos del fiscal nacional económico (s) Mario Ybar y del consejero regional del Colegio Médico, Hugo Reyes.
En su exposición el fiscal subrogante señaló que “se llegó al convencimiento que estos 111 médicos requeridos y la Asociación Gremial (AG) actuaron de forma conjunta en el mercado de servicios profesionales requeridos por usuarios del Sistema Privado de Salud de la Quinta Región, mediante la fijación de precios de venta de las prestaciones médicas”.
Ybar afirmó que la AG “vigilaba el cumplimiento del arancel acordado y aplicaba sanciones a los asociados que se desviaban de lo acordado” y agregó que la investigación se realizó “ante la denuncia de un médico al que se le aplicó una medida disciplinaria por cobrar una tarifa más baja de lo establecido”.
Por su parte, Reyes argumentó que “en Valparaíso hay unos 300 cirujanos y 180 pertenecen a la Asociación. La FNE pone su foco sólo en 111 y no sabemos por qué no el resto. Para que hubiera colusión deberían estar todos los cirujanos de la región y no llegamos al 75%”.
Según Reyes “no todos quienes integran la AG asumen el acuerdo que se llega con las Isapres. De hecho el presidente actual (Arturo Paillalef) cobra honorarios según su parecer y hay muchos más”.
Junto con reclamar “por el gratuito desprestigio”, Reyes acusó que “el año pasado la FNE hizo el mismo requerimiento y el TDLC lo rechazó, por lo que nos parece muy extraño que hagan de nuevo esta presentación”.
Al término de la reunión, el senador Guido Girardi señaló que “debemos legislar para evitar que se produzcan estas situaciones donde los profesionales de la salud, particularmente los cirujanos, para defenderse de los abusos de las Isapres se ven obligados a organizarse y negociar precios de prestaciones de mercado y no verse sometidos al monopolio de las Isapres como entes compradores de servicios”.
Sin embargo, el parlamentario calificó de muy importante la labor de la FNE, “porque si agruparse es una medida de sobrevivencia de los médicos, también puede ser un instrumento perverso y caer en irregularidades, por lo que como Congreso debemos legislar para que los cirujanos no deban recurrir a este tipo de sociedades para defender sus intereses”.
Girardi manifestó su confianza en “el compromiso del Ejecutivo de una reforma integral de los sistemas de Salud Público y Privado, porque creo que las Isapres tienen una práctica que atenta contra los derechos de los pacientes y de los profesionales de salud: Por eso tenemos que generar instrumentos de política públicas que impida que se genere este tipo de situaciones”.