La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) inició gestiones para renegociar los precios acordados, el año pasado, con los dueños de 37 predios que serían adquiridos para su entrega a comunidades mapuche de La Araucanía.
La información aparece publicada hoy en El Mercurio, que también consigna que en abril pasado, el nuevo director de la Conadi, Jorge Retamal, denunció que estas propiedades registraban sobreprecios que, en conjunto, superaban los $13 mil millones.
Junto con esto, detuvo su tramitación y reveló que en el gobierno pasado “se institucionalizó la política de sobreprecios”, mediante un oficio en que se autorizaban pagos un 20% mayores a la tasación.
Durante la celebración del “We Tripantu” (Año Nuevo mapuche), realizada ayer en Angol, el profesional de la Conadi, Marcelo Huenchuñir, cuyo nombramiento como subdirector de la entidad debe ser ratificado por el sistema de Alta Dirección Pública, confirmó que buscan nuevos acuerdos con los propietarios de los campos.
“Ya iniciamos conversaciones y el objetivo es alcanzar el mejor precio, que es el precio justo, para el valor de la tierra, lo que depende de las circunstancias del mercado y de la tasación”, declaró Huenchuñir al diario.
Al ser consultado respecto de qué porcentaje de los $13 mil millones de sobreprecios esperan rebajar con los nuevos acuerdos, Huenchuñir indicó que “el Estado siempre va a tratar de ser lo más eficiente posible en sus negociaciones y mientras más bajo sea el precio, podremos beneficiar a más comunidades en sus demandas”.
En relación a las comunidades que han visto dilatada la adjudicación de las tierras que reclamaban debido a los valores abultados, detalló que “algunas se han acercado a preguntar qué pasa y han manifestado su preocupación. Nosotros estamos cargando con el peso de que se le generaran expectativas irreales a muchas de ellas”.
También indicó que la Conadi espera concretar las renegociaciones durante este año y no descartó que algunos propietarios no estén dispuestos a fijar nuevos precios y opten por llevar el tema a la justicia.
“Nuestra preocupación es que las compras estén bien realizadas, tanto de hecho como en derecho, y nuestro mejor garante es la Contraloría General de la República, que debe ratificar cada proceso”, concluyó.