En medio de la polémica generada por el presidente de Gasco, Matías Pérez, quien expulsó desde la orilla del Lago Ranco a tres mujeres aduciendo que estaban en su terreno particular, surgieron cifras que apuntan a centenares de casos similares en sólo dos meses a lo largo del país.
De acuerdo con el diario La Tercera, desde el inicio de la campaña “Que no te falte playa” el 6 de diciembre pasado, impulsada por el Ministerio de Bienes Nacionales, se han registrado 365 denuncias por presuntas prohibiciones arbitrarias de acceso a playas de mar, ríos y lagos.
La Región de Coquimbo lidera el listado con 86 denuncias y el Balneario Playa Agua de la Zorra, en Huentelauquén, es el que más casos ha acumulado (26). En cuanto a estas situaciones producidas en lagos, el Huilipilún, en la Región de la Araucanía, tiene el primer lugar con ocho denuncias, seguido por el Lago Ranco, donde sucedió la polémica de este martes, con cuatro.
El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, sostuvo que “en Chile no existen las playas privadas, pero sí la propiedad privada. Y lo que hay que determinar es si la porción de espacio donde estaban estas personas corresponde a un bien de uso público”.
Actualmente, este tema está normado por una serie de decretos dictados desde 1979, que entre otros puntos, considera el cauce de un lago “la superficie que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces periódicas ordinarias”, es decir, que el punto máximo que alcanza el lago durante su crecida periódica, siempre en invierno, forma parte de éste y lo transforma en un espacio público.
Sin embargo, desde la Armada, institución encargada de fiscalizar estos límites, se apunta a una ausencia de normas que establezcan fehacientemente los límites entre lo público y lo privado en el caso de los lagos; “no tenemos información de que se fijen o existan decretos que determinen límites”, dicen.
Ward reconoció que “no hay una fijación de la ribera en los lagos en Chile. Se hace en cada caso que ha llegado a tribunales (…) y es lo que vamos a hacer respecto a lo ocurrido en el Lago Ranco”.
En tanto, la futura ley de playas abiertas, despachada por el Senado y a la espera de la promulgación presidencial, contempla multas que van desde las 10 a las 100 UTM (alrededor de cinco millones de pesos), y hasta las 200 UTM en caso de reincidencia, para quienes no permitan el libre acceso a las playas.
Agencia Uno