El control preventivo, la alta carga de trabajo y las críticas a su rol fueron alguno de los puntos a los que se refirió el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, en la cuenta pública del año 2018 del organismo.
En la instancia abordó las críticas sobre el control preventivo obligatorio, y sostuvo que el 2018 ingresaron 20 proyectos de ley sometidos a este concepto, y que “el cuestionamiento que se ha hecho ahora en estos casos es extemporáneo e improcedente, pues no se trata de una situación inédita”.
En marzo, y con respecto a las tutelas laborales, Haroldo Brito expuso en marzo pasado, que si no se resolvían estas diferencias de criterio con el TC, que sostiene que a los funcionarios públicos a contrata no se les aplica el Código del Trabajo porque tienen un régimen especial, distinto a lo dictado en la Cuarta Sala laboral del máximo tribunal, estas podrían “afectar la estabilidad y seguridad jurídica”.
Según señala El Mercurio, Aróstica no ha dicho que los funcionarios públicos carecen de derechos, o que no procede en relación a ellos la protección por los tribunales del Poder Judicial. “Lo que ha objetado es que, por la vía de una acción laboral, obviemos o nos saltemos el régimen constitucional y legal que tiene específicamente la función pública”.
Aróstica considera injusto las críticas al desempeño del TC, si bien las críticas le parecen legítimas cree que no se ha ponderado con serenidad el hecho de que el TC haya sido llamado a dirimir delicados conflictos.
Indicó que no es cierto que el TC sea una tercera cámara legislativa como han acusado algunos sectores.
Defendió el rol del TC: puso como ejemplo que si el tribunal, leyes inconstitucionales del Congreso o relativas a los partidos políticos que excedieran los límites fijados por la Constitución, quedarían inmunes.
“La experiencia demuestra que la capitulación ante los espacios libres de derecho o la ilicitud calculada resultan irremontables, cuando se elimina o coacciona a los órganos de control jurisdiccional”.