El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció este jueves que solicitó formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) iniciar la acción judicial para disolver la Fundación Procultura, luego de una exhaustiva fiscalización que reveló múltiples irregularidades en su funcionamiento y uso de fondos públicos.
Según el comunicado oficial, el ministerio señaló que el proceso de fiscalización incluyó reiterados requerimientos de documentación a la fundación, los cuales obtuvieron “respuesta nula, incompleta o sin resultado íntegro”, lo que imposibilitó esclarecer el correcto uso de los recursos.
La cartera explicó que “agotada esa instancia y analizados los antecedentes disponibles, este Ministerio infiere que la fundación ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando su objeto social”. Asimismo, se estableció “una desproporción de los gastos en personal y honorarios respecto de actividades vinculadas directamente con el objeto social”.
Grave incumplimiento de estatutos
El Ministerio de Justicia concluyó que “la fundación ha infringido gravemente sus estatutos, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 557 y 559 letra c) número 1) y 2) del Código Civil, se solicita al Consejo de Defensa del Estado ejercer la acción destinada a disolver por sentencia judicial la asociación denominada fundación Procultura”.
En el comunicado se detalla que la fundación obtuvo su personalidad jurídica mediante el Decreto de Justicia N° 3.031, el 14 de mayo de 2010, y que la decisión de solicitar su disolución responde a un procedimiento que investigó eventuales irregularidades, faltas o delitos cometidos por sus miembros o terceros en la administración de fondos públicos.
La cartera precisó que la medida busca resguardar el correcto uso de los recursos estatales, enfatizando que “no se permitirá que organizaciones que reciben fondos públicos desvíen sus esfuerzos hacia fines ajenos a los establecidos en sus estatutos”.
