En representación del fiscal nacional Jorge Abbott, la abogada Marisol Peña presentó en la Corte Suprema la solicitud de destitución en contra del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias Madariaga.
Según explicó la abogada Peña, ex presidenta del Tribunal Constitucional, la solicitud está basada en dos causales que la Constitución: mal comportamiento y la negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
“Creemos y tenemos la esperanza de que vamos a sortear con éxito la fase de admisibilidad, toda vez que se han señalado en forma muy precisa y detallada ocho hechos en el caso del mal comportamiento y cuatro hechos adicionales en el caso de la negligencia manifiesta que fundamentan la petición del fiscal nacional”, señaló en el Palacio de los Tribunales.
Consultada por los alegatos de la defensa de Arias sobre una doble sanción que no corresponde, por encontrarse suspendido con goce de medio sueldo, la abogada rrespondió que “dificulto que eso sea una defensa porque no conocen nuestro escrito, puede ser que se haya dicho en alguno de los procedimientos administrativos sumarios a que estaba afecto el fiscal Arias”.
Añadió que “esta es un acción judicial totalmente distinta, de naturaleza constitucional, y queremos saber cuál es la respuesta a los cargos que se le están formulando, por lo tanto todo está por decirse”.
“Tengo la más absoluta convicción de que es una acción sustentada en términos muy firmes en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el Código Procesal Penal y también en normas internas que rigen al Ministerio Público”, concluyó.
Arias fue sancionado por entregar información reservada a terceros, no haber puesto en conocimiento del fiscal nacional de una investigación penal donde él mismo figuraba como imputado, no haber adoptado medidas para investigar evidentes filtraciones en los casos Iglesia y Caval, ordenar a un asistente informar a un periodista de antecedentes reservados del caso Iglesia, y negar apoyo de la Fiscalía de Alta Complejidad a una fiscal que llevaba el Caso Caval.
Aton Chile