Con siete votos a favor, tres nulos y uno para el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), el parlamentario Cristián Araya, jefe de la bancada del Partido Republicano, fue elegido este miércoles como nuevo presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Tras imponerse en la votación, Araya asumió la conducción de la instancia parlamentaria con un mensaje claro: “No vine a presidir por protocolo, vine a empujar la recuperación de la seguridad desde el Congreso”, aseguró, adelantando que su gestión estará enfocada en impulsar de forma prioritaria leyes que fortalezcan a Carabineros, guardias municipales y que aumenten las penas contra la delincuencia.
El legislador enfatizó que “estoy del lado del orden público y del control de las calles”, subrayando que “asumo este desafío con el compromiso de agilizar proyectos que refuercen la labor de Carabineros y las fuerzas de orden, y que entreguen mayores herramientas a los municipios para enfrentar con decisión al narcotráfico y al crimen organizado. Chile no puede seguir esperando mientras las familias viven con miedo”.
Compromiso con el fortalecimiento de la seguridad
Durante su intervención tras asumir el cargo, el diputado republicano señaló que su gestión buscará abordar la crisis de seguridad con determinación. “Nuestro foco está en avanzar en leyes que devuelvan el control de las calles y protejan a quienes nos protegen. Esta crisis se enfrenta con decisión, y para eso estoy completamente disponible”, destacó Araya.
La comisión de Seguridad Ciudadana es clave en la discusión de proyectos relacionados con el combate a la delincuencia, el crimen organizado y la protección de las fuerzas de orden, temas que han escalado como principales preocupaciones ciudadanas según todas las encuestas recientes.
La elección del diputado Araya como presidente de esta comisión ocurre en un momento donde el debate por la seguridad pública domina la agenda política, y cuando el Congreso discute iniciativas para endurecer las sanciones por delitos violentos, reforzar la dotación policial y mejorar las capacidades de los municipios para enfrentar el crimen.
