Durante la tarde de este martes el Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentó una querella por la presunta compra y venta de un fusil ruso de guerra AK-47, sin embargo, esta no invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado.
El trámite fue presentado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago bajo el contexto de la “tenencia de arma o elemento prohibido y tenencia de municiones” contra los, hasta ahora, dos imputados que se mantienen en prisión preventiva.
El Ejecutivo sostuvo que “resulta claro que nos encontramos ante un hecho gravísimo, toda vez que estamos ante un delito con altas penas asignadas y que, indudablemente, afecta la seguridad pública, generando en la población, o en un sector importante de ella, el temor de ser víctima de un delito”.
Días antes la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, explicó que la investigación estaba “en reserva” y que no se tenían a mano los antecedentes suficientes para entablar la acción judicial, pero sí reconoció que existía el tráfico de armas.