Entre las 10:30 y las 12:00 horas de este miércoles, está citada la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, en la que el juez de la Corte de Apelaciones Mario Carroza, quien fue nominado por el Presidente de la República para integrar la Corte Suprema, entregará sus opiniones y responderá las inquietudes de los parlamentarios.
El juez -que fue propuesto para ocupar la vacante dejada por Lamberto Cisternas quien jubiló en marzo de este año- necesita los 2/3 de los votos favorables en el Senado para poder llegar al máximo tribunal.
Durante la sesión de hoy, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio a conocer los antecedentes que tuvo en consideración el Gobierno para nominar a Carroza como Ministro de la Corte Suprema.
Junto con entregar un detallado informe sobre la trayectoria judicial del juez, el ministro Larraín destacó el “rigor intelectual, el equilibrio” y el apego a los normas nacionales y de Derechos Humanos.
“Algunos querrán ver en esta propuesta una decisión polémica y es por esta razón que la Constitución entrega esta potestad al Senado para que pondere”, dijo el secretario de Estado.
A esto agregó que “la integridad que ha exhibido el ministro Mario Carroza en su trayectoria judicial, su compromiso con la justicia y con la debida aplicación de la ley, la ecuanimidad manifestada en sus fallos, el apego a la doctrina nacional e internacional de los Derechos Humanos, entre otros factores, lo hacen acreedor a juicio de la Corte Suprema y también del Presidente de la República para formar parte de nuestro más importante tribunal“.
Respecto al accionar judicial del juez Carroza, el ministro de Justicia dijo que “si consideramos que la idea de un tribunal de ejecución de penas es un clamor muy oído en la justicia penal en general, la Corte Suprema ideó este sistema radicando en el ministro Carroza su gestión y responsabilidad, sin que de su desempeño podamos apreciar arbitrariedad o algún ánimo denigratorio respecto de las personas que resultaron condenadas”.
Finalmente, el ministro Larraín señaló que “debemos enfatizar la necesidad de valorar a nuestros jueces por la calidad de su trabajo judicial, la sujeción a las normas, la coherencia de sus fallos y la consistencia de sus argumentaciones y no en consideraciones subalternas o antojadizas, particularmente en temas de Derechos Humanos debemos apoyar el más irrestricto apego al derecho vigente incluido el que emana de los tratados”.
El Senado tiene plazo hasta el 3 de enero de 2021 para pronunciarse sobre la propuesta.
Agencia Uno