La Convención Constitucional, compuesta por 155 integrantes que deberán redactar una nueva Constitución para el país, realizó este jueves una primera votación sobre emitir una declaración por los detenidos durante el estallido social.
Dos propuestas de declaración, una de Apruebo Dignidad y la Lista del Apruebo, y la otra de Lista del Pueblo y representantes indígenas, que aluden a los detenidos durante la crisis social en el país, fueron sometidas a votación, sin embargo, ninguna alcanzó la mayoría absoluta necesaria para su aprobación en una primera instancia.
La primera declaración obtuvo 52 preferencias, mientras que la segunda declaración obtuvo 49 respaldos, en tanto que hubo 34 votos en contra y 16 abstenciones.
Por este motivo, los representantes de la Convención procedieron a realizar una segunda votación, donde se aprobó la propuesta de del Colectivo Socialista, Frente Amplio y el Partido Comunista por 105 votos a favor. En tanto, el planteamiento presentado por la Vocería de Los Pueblos, Lista del Pueblo, Pueblos Originarios e Independientes no fue respaldado por la entidad.
¿Qué indica el documento?
El documento presentado, titulado “La Convención Constitucional a los órganos del poder constituido sobre la prisión política en Chile y la militarización del wallmapu”, indica que “la revuelta social costó decenas de vidas, violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del Estado (…) que no podemos invisibilizar”.
“Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”, agrega el texto, puntualizando que aún no se ha ejecutado un juicio para ellos, a casi un año y medio de la crisis social.
“Hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile“, complementa el documento.
“La Convención, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”, indica finalmente.