Este martes La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca, que las víctimas de lesiones en el marco de las movilizaciones del estallido social accedan a un procedimiento judicial rápido y expedito.
La norma, informada en la Sala por el diputado Boris Barrera (PC), establece disminuir el estándar probatorio para que las víctimas accedan a la justicia reparatoria, tomando como base que el Estado ha incurrido en falta de servicio al no proteger los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las y los manifestantes o quienes se encontraban presentes en lugares en que se desarrollaban manifestaciones sociales.
Este proyecto abarcará como víctima a toda persona que, individual o colectivamente, hubiese sufrido lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual, como consecuencia de acciones u omisiones de agentes del Estado, bajo el contexto de movilizaciones en el estallido social.
Todo ello, sin perjuicio que dichas personas hubiesen estado no participando de tales movilizaciones, ni de las investigaciones que se estén realizando en su contra o de condenas emanadas de la justicia penal, tanto a nivel nacional como internacional.
En la iniciativa también se expresa que la indemnización tendrá que ser de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la vulneración, considerando todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones de las normas de derecho internacional de los derechos humanos.
En cuanto a los requisitos necesarios para establecer la responsabilidad del Estado, el proyecto señala que la víctima deberá acreditar ante el tribunal competente la ocurrencia de los hechos, acciones u omisiones que generaron el daño respectivo y que fueron cometidos por agentes del Estado o que hayan ocurrido desde octubre de 2019.
Agencia Uno