La Contraloría General de la República (CGR) descartó este miércoles que el presidente Sebastián Piñera haya roto alguna norma legal en lo que se ha denominado el “Enjoy Gate”.
Al respecto, desde Presidencia afirmaron que la CGR descartó la existencia de conflictos de interés y cualquier irregularidad en la constitución y ejecución de sus fideicomisos ciegos”.
Esto luego de que en enero, Piñera firmara un decreto que postergaba por seis meses el plazo que la Superintendencia de Casinos le había dado a los concesionarios para así cumplir con los compromisos adquiridos, tras adjudicarse las licitaciones en 2018.
En ese sentido, y luego de que los casinos de Enjoy fueran los únicos beneficiados, la CGR ofició en marzo a la Comisión de MErcado Financiero, a BTg Pactual, Moneda Asset y a Altis, para solicitar información por los fideicomisos ciegos que mantiene Piñera.
Esto en el marco de la Ley 20.880, sobre la Probidad en la Función Pública y Prevención del los Conflictos de Intereses.
En aquel entonces, el Gobierno emitió un comunicado asegurando que esta “Es la mejor manera de aclarar las dudas, desmentir las falsas informaciones y ratificar el pleno y permanente cumplimiento por parte del Presidente de la Ley 20.880”.
Mientras que tras este anuncio de la Contraloría se sostuvo que “este dictamen es coherente con su principio de actuación permanente del Presidente de la República de probidad, transparencia y pleno apego a las leyes en sus actuaciones”.
El hecho desembocó en la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, con Rodrigo González como presidente de la instancia.
Según el diputado del PPD, desde Enjoy les dijeron que “estamos quebrando ahora porque el estallido social generó un gran daño en la actividad de los casinos, pero además después vino la pandemia y tuvimos que paralizar por el decreto de zona de catástrofe o zonas de emergencia y entonces se paralizaron las entradas de los casinos”.
“La investigación dio a luz, pero con una claridad meridiana, que no tenía ninguna relación la quiebra de Enjoy con la pandemia ni con el estallido social, porque eso provenía por lo menos dos años antes, donde la Superintendencia de Casinos no había investigado suficientemente o no había querido investigar la situación en que estaba la empresa para haberle entregado en el año 2018 la concesión de los cuatro o los cinco casinos municipales y posteriormente haberle autorizado la compra de dos casinos: uno en Los Ángeles, otro en San Antonio”, añadió el parlamentario.
Así mismo, agregó González que “de ahí surgen una serie de antecedentes que son los que hemos denunciado. La total falta de cumplimiento de sus deberes y de control de los intereses públicos por parte de la Superintendencia de Casinos”.
Por esto, Enjoy emitió un comunicado desestimando los resultados de la comisión, argumentando que no los dejaron participar de aquella instancia.
De la misma forma, se califica al informe como “un documento absolutamente sesgado, que da cuenta de una grave transgresión a los deberes de objetividad, transparencia, debido proceso y seriedad”.