32 gremios agrícolas, entre ellos la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), se refirieron durante esta jornada a la resolución de la Corte Suprema, que ordenó la protección policial para los tribunales de Cañete.
“Entendemos perfectamente la resolución de la Corte Suprema, referida a la necesidad de adoptar especiales medidas de resguardo que protejan a Jueces y Funcionarios del Tribunal Oral en lo Penal, del Juzgado de Letras y del Juzgado de Garantía, todos de Cañete”, indicaron en un comunicado.
“Igualmente, comprendemos que la Corte Suprema solicite a Carabineros y a la Policía de Investigaciones para que, conforme a sus atribuciones, ejecuten todas las acciones necesarias para cumplir esta protección, tanto hacia las personas, como también a las instalaciones y edificios correspondientes a estos tribunales“, complementaron.
Asimismo, reiteraron que “entendemos y comprendemos esta inédita solicitud de la máxima instancia judicial de nuestro país. Estos hechos de violencia de carácter terrorista, con evidentes nexos con el narcotráfico y el robo de diversos bienes, como las constantes amenazas y amedrentamientos, representan la cotidiana y dura realidad que ya por décadas viven quienes habitan en la macrozona de la Araucanía; particularmente de familias y trabajadores que viven y laboran en el sector rural, agricultores, transportistas, prestadores de servicios, contratistas, profesoras y profesores, funcionarios municipales y de diversas otras reparticiones del Estado, por nombrar algunos”.
“Que la Corte Suprema tenga que llegar a adoptar medidas como éstas y que mediante oficio comunique al Ministerio del Interior y a otros Ministerios, la gravedad de esta situación demuestra taxativamente lo que tantas veces hemos denunciado: en las regiones del sur no impera el Estado de Derecho“, puntualizaron los 32 gremios.
En este sentido, cuestionaron: “¿Qué más debe pasar? Cuántas nuevas víctimas debemos lamentar para que de una vez por todas el Estado de Chile, con sus tres poderes, se decida realmente a restaurar el orden y la justicia en las provincias afectadas por la violencia terrorista, que no solamente las excluye de toda posibilidad de desarrollo, sino que además destruye la convivencia y moral del alma nacional”, cerraron.