Debido a la “gravedad” de los hechos denunciados a través de un reportaje de Canal 13 –que involucran a la ministra Karla Rubilar y a su pareja, Christian Pino en uso irregular de recursos públicos-, el jefe de la bancada DC, Gabriel Ascencio, envió un oficio de fiscalización al contralor de la República, Jorge Bermúdez, solicitando una inmediata investigación por intervencionismo electoral.
Según lo señalado por Ascencio, “lo que apreciamos y conocimos constituiría una abierta intervención electoral de parte de la Sra. Ministra y de funcionarios de su Ministerio en favor de la campaña de su pareja, Christian Pino, aprovechando para ello la imagen institucional, recursos fiscales y a funcionarios públicos en pleno horario de trabajo, a la vez que puede entenderse como una presión a cometer estas mismas infracciones a aquellos funcionarios que sin querer ser parte de dicha campaña, hayan recibido instrucción directa de su jefatura, la Sra. Ministra, para apoyar en la campaña”.
Ascencio explicó que “habría una abierta infracción a las normativas de probidad administrativa y a las claras instrucciones que ha dado Contraloría respecto a la participación de funcionarios públicos en campañas electorales, lo que debe ser siempre fuera de horario laboral”.
Entre las normas infringidas, se habría incumplido abiertamente el artículo 62 de la Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado; 61 y 84 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, y especialmente el inciso primero del artículo 8° de la Constitución que indica: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”.