Este lunes fue promulgada la nueva ley que sanciona el comercio ilegal.
En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, explicó de qué trata la norma y cómo se profundiza la pesquisa del ilítico.
El proyecto “estuvo 14 años en trámite en el Congreso y necesitábamos actualizar la legislación que teníamos en este sentido, porque hemos visto que el fenómeno del comercio ilegal se ha ido complejizando. Vemos hoy día cómo funcionan verdaderas mafias que se distribuyen territorios, que los venden, que los arriendan, que tienen otros delitos asociados, por ejemplo, narcotráfico, uso de armas de fuegos, riñas, que causan un enorme perjuicio no solo a los locatarios donde instalas, sino que también a los vecinos y usuarios de esos lugares”, dijo.
“Es un comercio que mueve una gran cantidad de dinero, más de mil millones al año se calcula, y que no pagan impuestos, causándole con ello un perjuicio a todos los chilenos”, agregó.
La autoridad destacó que la importancia de esta nueva ley es que entrega nuevas herramientas para perseguir y sancionar, con técnicas especiales que se utilizan en la ley de drogas, como el control de entregas cuando se transportan los productos ilícitos.
“Lo que nosotros vemos en la calle, las personas que están realizando comercio, es la punta del iceberg. Aquí hay verdaderas asociaciones ilícitas, bandas criminales que están vinculadas a esta situación”, sostuvo Gómez.
En este sentido, la ley permite “investigarlos como asociaciones ilícitas”. Si se considera que son para organizar crímenes, las penas son de hasta 20 años de cárcel, en tanto que para organizar simples delitos son 5 años de cárcel.
“Aquí lo que se busca es perseguir a las personas que arman esta estructura, que son quienes producen productos falsificados, sin respetar la ley de propiedad intelectual, hay quienes lo distribuyen, hay quienes lo almacenan, y que muchas veces también están detrás de estas bandas que de distribuyen estos territorios”, dijo.
Asimismo, “esta ley establece que los alcaldes tienen en su ordenanzas municipales de ordenar sus territorios, estableciendo rigurosamente cuáles son los lugares que se puede ejercer el comercio ambulante y cuáles los que no. Además, la ley establece que exista un sistema de identificación único por comuna de las personas que tienen los permisos otorgados, incluso con una fotografías para que se pueda identificar claramente quiénes son las personas que están autorizadas para ejercer este comercio”
“Para fortalecer la labor en este sentido, se facultad a los inspectores municipales y al SII a realizar fiscalizaciones donde pueden seguir los permisos sanitarios municipales que se requieran, pero también la justificación del origen de estos productos, que nos permite detectar si se trata de productos ilegales, falsificados o de productos lícitos”, agregó.