Este sábado el Gobierno llegó a acuerdo con los transportistas que tenían bloqueadas las principales rutas de la Macrozona Sur en protesta por la falta de seguridad.

Tras la llegada del subsecretario del Interior Manuel Monsalve a la zona, se logró un acuerdo que puso fin al paro de camioneros.

Así, uno de los puntos esenciales del acuerdo será una Reforma Constitucional para darle la facultad al Presidente de la República del uso de Fuerzas Armadas para protección y resguardo de las carreteras.

Monsalve dijo que «hemos venido a garantizar la seguridad en el Biobío, La Araucanía, en Los Ríos y en Los Lagos. Por eso hemos firmado un acuerdo en que hemos reiterado una propuesta de 6 puntos».

«El punto que ha generado mayor interés es la voluntad del Gobierno de impulsar una Reforma Constitucional que permite crear una nueva facultad para el Presidente de la República, para la cual se requiere una modificación al artículo 32 de la Constitución y al artículo 45», comenzó diciendo Monsalve.

Según explicó, «es un estado de Protección y resguardo de las vías y las rutas, ya sea porque hay graves alteraciones a la seguridad o para garantizar el libre tránsito por ellas».

«Es una facultad donde el Presidente puede hacer uso de las fuerzas armadas para garantizar esa seguridad en las carreteras», anunció Monsalve.

A diferencia del Estado de Excepción que ya existe, quien lleve el mando será un civil y además habrá un mando militar desde el punto de vista operacional. Además, será un estado de Excepción en que no estará permitido coartar libertades como la libertad de reunión o la libertad del libre tránsito de ciudadanos y ciudadanas.

Según dijo Monsalve, no se trata de un proyecto nuevo sino que «el Gobierno buscará llegar a un acuerdo en una Comisión mixta que hoy día está proponiendo temas similares y queremos proponer cambiar ese texto por el texto que va a proponer el Gobierno. Esta comisión mixta ya está constituida, deberá ser citada, facultad del Presidente del Senado, por eso hemos comprometido que representantes de los dirigentes puedan reunirse con el Presidente del Senado y también de la Cámara».

«Esperamos llegar a un acuerdo rápido» en el Parlamento, dijo el subsecretario. La moción requerirá la aprobación de 3/5 de ambas Cámaras.

«Sin duda vamos a reunir las mayorías necesarias para que esto se transforme en Ley», cerró. El plazo del Gobierno para aprobar esta Ley es de dos semanas.