En alerta está la diputada de RN, Paula Labra, quien ofició a la Superintendencia de Salud para que cumpla su rol fiscalizador luego que algunas clínicas del país comenzaron a terminar sus vínculos con algunas isapres.
Desde fines de julio que Clínica Alemana, Dávila, Clínicas Regionales, entre otras, vienen cerrando sus convenios con las isapres. Ya pasó con Consalud, Cruz Blanca y Nueva Másvida.
Para la parlamentaria de Renovación Nacional, este término “afecta directamente el bolsillo de las personas en salud, porque el paciente tiene que pagar inmediatamente el costo total al centro de salud y posteriormente gestionar el reembolso con su isapre”, explicó la diputada Labra.
Asimismo, la diputada por la región del Maule, añadió que “la Superintendencia de Salud, que tiene como objeto y misión proteger el cumplimiento igualitario de los derechos de las personas en salud, y pese a las señales que se han venido dando, a lo menos de manera pública, no ha dado señales de cumplir con este objetivo“.
“Hemos solicitado cuáles son las medidas, normativas o de fiscalización, que ha adoptado esta Superintendencia para poder cautelar la garantía de los pacientes que se han visto afectados por el término de convenios entre las instituciones de salud y prestadores privados de salud”, agregó.
Las peticiones de Labra en el oficio a la Superintendencia de Salud:
- Informar si ha tomado conocimiento de términos de convenio entre Instituciones de Salud Previsional y prestadores privados en salud, detallando cuáles son los convenios terminados, con qué fecha ocurrió el término y el motivo de tal terminación.
- Informar si esta Superintendencia ha realizado procedimientos de fiscalización respecto de determinadas Instituciones de Salud Previsional, con ocasión del término de convenio con prestadores privados, y si ha aplicado alguna sanción a raíz de aquellos.
- Informar el número total de reclamos administrativos o solicitud de resolución de controversia en juicio arbitral recibidos con ocasión o a raíz de términos de convenio durante este año 2022, informando en qué fecha se presentaron los primeros reclamos sobre esta materia durante este mismo año.
- Informar si, a raíz de los reclamos o solicitudes de resolución de controversias requeridos en el punto anterior, esta Superintendencia inició algún procedimiento administrativo de fiscalización.
- Informar cuáles medidas normativas, sancionatorias o de fiscalización ha adoptado esta Superintendencia para cautelar las garantías de los pacientes que se han visto afectados por el término de convenio entre una Institución de Salud Previsional y un prestador privado en salud, en particular, respecto de aquellos pacientes beneficiarios de coberturas que requieren un prestador designado o derivado de atención (GES, CAEC o “Ricarte Soto”).