ministro de educación
Agencia Uno
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Los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara, Marcia Raphael y Hugo Rey, enviaron un oficio al ministro de Educación, Marco Ávila, para que se pronuncie por escrito respecto de la consulta a los 275 mil estudiantes que rindieron la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) en los casi 700 locales a lo largo del país.

La consulta en cuestión se refería a la promulgación de la ley que reserva 17 escaños en la Convención Constitucional para los pueblos originarios respecto de: ¿Cuál es la importancia de la promulgación de esta ley para el sistema democrático chileno en dicho momento?.

Junto con ello, los parlamentarios le solicitan que acompañe una evaluación de este proceso, calificando la idoneidad de las preguntas que integran la prueba de Historia y Ciencias Sociales recientemente rendida; además de que solicite al DEMRE las actas de las reuniones del equipo que elabora las preguntas con sus respectivas calificaciones técnicas y profesionales.

A su vez, indican en el oficio que la PAES se ha presentado como una prueba justa, equitativa, flexible y certera en los resultados, ante lo cual el propio ministro de Educación, ha sostenido que la prueba de acceso a la universidad mide “competencias esenciales del currículo escolar que, en este caso, es priorizado debido a la pandemia".

Por lo mismo, según el oficio, el nuevo sistema de acceso a la educación superior se centraría en evaluar las competencias y las habilidades de los postulantes, para lo cual incorporaron dos nuevas pruebas al año y una nueva escala de 100 a 1.000 puntos, permitiendo que los puntajes sean equiparables entre las rendiciones.

Frente a lo anterior, para los diputados Raphael y Rey resulta cuestionable – entonces- la consulta de la prueba de Historia y Ciencias Sociales aplicada el miércoles 30 de noviembre y publicada en la página oficial del DEMRE.

En este sentido, agregan: “De la literalidad de la pregunta y en el contexto en el que se formula, nos surgen severas dudas acerca de su idoneidad para los fines de selección universitaria y de su neutralidad ideológica. Conviene recordar que la ley N°21.298, que reservó escaños o cupos en la Convención Constitucional para miembros de pueblos originarios, tuvo su origen en una moción parlamentaria de la Bancada de Renovación Nacional, la cual buscaba reconocer la dignidad, identidad, cultura y tradiciones de nuestros 10 pueblos indígenas: Mapuche, Aimara, Diaguita, Atacameño, Quechua, Chango, Colla, Rapa Nui, Yagán y Kawéskar”.

Asimismo, mencionan que "teniendo en consideración lo anterior, pareciera que no existe una respuesta que pudiere ser considerada correcta, más si tenemos a la vista que la discusión política reciente, y que supera temporalmente a las pretensiones que se tuvo con la entrada en vigencia de la ley N°21.298, dejan entrever en las pretensiones de grupos que abrazan la causa indígena cuestiones tan diversas como la valoración de su aporte; el reconocimiento de la plurinacionalidad; o incluso la soberanía sobre territorios que están bajo el imperio de la ley chilena".

Para los legisladores de RN, esta es una “desconcertante manera de abordar la selección universitaria, profundamente atravesada por la ideología y donde no parece existir una respuesta única e indiscutible”.

Finalmente, los parlamentarios cuestionaron la idoneidad técnica de quienes elaboran la PAES y los elementos que se tuvieron a la vista para la elaboración de las preguntas; la que consideran una “lamentable forma de estrenar un mecanismo”.

"Es absolutamente inaceptable que, en definitiva, se elaboren preguntas de alternativas que parecen no tener respuesta indubitada, y en las que mejoran sus opciones de acceder a la educación superior quienes sintonizan ideológicamente con quienes elaboran la prueba", concluyeron.

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