Continúa la polémica tras la compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago en cerca de $8.000 millones, esto porque luego de solicitar a Contraloría General de la República (CGR) una investigación por los procesos de negociación y tasación del edificio que tuvo un alza en su precio de más de 100%.
En menos de un año, el diputado del distrito 10 de la región Metropolitana, Jorge Alessandri (UDI), presentó un requerimiento al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para iniciar una investigación que esclarezca y determine los procesos de negociación de dicha operación ante eventuales irregularidades y delitos.
“Solicitamos a Fiscalía iniciar una investigación que esclarezca y determine los procesos de negociación entre la Ilustre Municipalidad de Santiago y la inmobiliaria San Valentino SPA previos a la inscripción de la propiedad el día viernes 16 de diciembre, como también investigar el historial comercial y tributario de la compañía, que recibirá más de $8.200 millones por la transacción”, señaló Alessandri.
Recordar que la ex Clínica Sierra Bella fue adquirida el día 4 de julio del año 2022 por un valor de $2.080 millones, siendo vendida a la Municipalidad de Santiago el día 20 de enero del presente por un valor de 234.124 UF, generando una ganancia de más de $6 mil millones a la inmobiliaria San Valentín SPA.
Del mismo modo, el parlamentario agregó que con esta medida “buscamos determinar las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales en que podrían incurrir la alcaldesa Irací Hassler, además de Jean Pierre Chifelle, Luis Mayorga Salces, la doctora Beatriz Chamorro y los concejales que asistieron con su voto a favor en el concejo municipal del día 18 de enero y en el posterior concejo municipal extraordinario que determinó el pago en UF al día 20 de enero del presente, si dicha investigación demostrase irregularidades en el proceso de compra a inmobiliaria San Valentino SPA”.
Además, Alessandri requirió nuevos antecedentes al oficio ingresado durante la semana recién pasada a Contraloría, y ofició a la Municipalidad de Santiago para la entrega de todos los antecedentes y operaciones que permitan esclarecer y determinar posibles delitos, irregularidades y responsabilidades administrativas por parte de la Municipalidad de Santiago, su alcaldesa y concejales en la compra de dicho inmueble.