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Durante esta jornada, el Gobierno anunció la designación de Lidia Casas Becerra como candidata a integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el periodo 2024-2027.

A través de un comunicado, el Ejecutivo explicó que el nombre de la abogada de la Universidad Diego Portales, se eligió teniendo en cuenta un criterio dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ambas entidades exigen de las y los comisionados una “alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”.

En ese sentido, el Gobierno aseguró haber llevado adelante un “proceso inédito que posibilitó una evaluación detallada de los requisitos establecidos“, recogiendo experiencias comparadas y algunas recomendaciones de organizaciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.

En ese contexto, se invitó al INDH y la Defensoría de la niñez, a participar en el análisis de los distintos perfiles de candidatos en calidad de observadores. Además, durante la búsqueda se tuvo en cuenta equilibrio de género y representación regional.

La trayectoria de Lidia Casas

Es doctora en derecho de la Universidad de Ottawa, Canadá, con una trayectoria profesional de más de veinte años de docencia vinculada al derecho internacional de los derechos humanos.

Cuenta con múltiples publicaciones académicas dedicadas a la investigación de la violencia contra las mujeres, acceso a la justicia y género, y discriminación. Se ha desempeñado como codirectora del Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y directora del Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal -sin representar a sus propios países-, tiene el mandato de promover la observación de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia.

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