El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, analizó este viernes el sumario administrativo que anunció el Ministerio Público con el fin de determinar si existen irregularidades en la demolición de las “narco-casas” que lleva adelante el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.
Al respecto, en conversación con “La Mañana de Agricultura”, Bravo dijo en primer lugar que “no discutimos las atribuciones que puedan tener las autoridades del ministerio público, eso no está en cuestión”.
Sin embargo, una de las cosas que le preocupa al presidente de la Asociación Nacional de Fiscales es “la interpretación que se le puede dar a la decisión de abrir una investigación administrativa respecto a un fiscal, por la situación que se ha conocido da para diversas interpretaciones y se puede entender como un llamado de atención y eso nos preocupa”.
Pero otro punto que tiene mayor preocupación es “la exposición que ha sufrido este colega (…) Uno puede sentirse orgulloso que un colega sea tan aplaudido, tan reconocido en términos de que un fiscal ha hecho la pega. También lo expone, y lo puede sobreexponer, desde el punto de vista de seguridad, que es un tema que nos preocupa mucho. Es complejo”.
Asimismo, dijo que en este caso, en concreto, “la información que se entrega está disponible públicamente, no es reservada, que haya una prohibición de su divulgación. Creo que aquí también ha habido una serie de especulaciones que se alejan de la verdad”.
“Nosotros esperamos que esta investigación se haga rápido, que se aclare y lo que nosotros entendemos hasta hoy es que aquí no hay ninguna irregularidad, no hay ninguna incorrección del fiscal y que él actúa, además, amparado por las autorizaciones de sus superiores”, agregó Francisco Bravo.
Por otro lado, Bravo sostuvo que se requiere “una política de seguridad para los fiscales“, señalando que sabe que el trabajo que realizan “tiene riesgos”.
“Nosotros no queremos ni superhéroes ni mártires. Lo que tenemos que hacer es definir una política de seguridad, pero no solamente de la institución del Ministerio Público, sino del Estado, que se preocupen de la seguridad de quienes hacen persecución penal”, enfatizó.