El Ministerio Público investiga 53 fundaciones, ONG o corporaciones en 23 causas judiciales, en donde se indagan traspasos de $32 mil millones de pesos, entre entidades del Estado y las distintas organizaciones, en marco del bullado caso convenios.
Todo comenzó en junio pasado, cuando la Fiscalía Regional de Antofagasta abrió la primera investigación entre convenios presuntamente irregulares entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez.
Con el correr de las semanas, junto al actuar de la Contraloría General de la República y la Fiscalía Nacional, la investigación se abrió de Arica a Magallanes, detectándose anomalías en convenios de 11 regiones a lo largo del país.
Según señala La Tercera, actualmente el Ministerio Público lleva adelante 23 causas judiciales, en donde se investigan 53 traspasos de caudales públicos a distintas fundaciones. El monto total de los convenios asciende a $32.156.274.081 pesos.
De todas las causas, 40 traspasos de recursos públicos corresponden a Gobiernos Regionales y 24 a reparticiones del Gobierno central.