La Cámara de Diputados despachó a tercer trámite el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución.
El texto ya había sido aprobado en su idea de legislar en una sesión anterior. Sin embargo, su articulado había quedado pospuesto debido a un segundo análisis por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Allí el Ejecutivo intentó, sin éxito, buscar acuerdos en diversas materias donde a su entender, se alteró la idea matriz del texto.
Las indicaciones finalmente rechazadas en la comisión, tampoco prosperaron en sala, salvo una de ellas relacionada con la imposibilidad de detener a quienes, habitando un terreno ocupado, se encuentren en el catastro anual de campamentos.
Así, se cayeron aspectos como considerar la precariedad económica de quienes realicen tomas o usurpaciones, y revertir la legítima defensa privilegiada que, a juicio del Gobierno, da pie a que los propietarios busquen hacer justicia por su cuenta, lo que derivaría en enfrentamientos entre las personas.
El proyecto modifica el Código penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes.
Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.
Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado.