Corte de Arica - Los Gallegos
Poder Judicial.
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La Corte de Apelaciones de Arica ordenó este viernes 15 de septiembre abrir una investigación administrativa en contra del juez de garantía de la ciudad, Héctor Barraza, tras autorizar entregar información de testigos reservados en el caso “Los Gallegos”, un brazo del “Tren de Aragua”.

Esto, para establecer la forma en que se desarrolló la audiencia en la que el juez penal accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación en el marco de la causa abierta contra los integrantes del mencionado clan.

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Claudia Arenas González, informó que también se “ordenó al Comité de Jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza que autorizaba el acceso a las defensas a los nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos”.

Cabe señalar que esta decisión se adoptó luego de recoplar todos los antecedentes, luego que el ministro visitador del Juzgado de Garantía, José Delgado, se constituyera para verificar el procedimiento desarrollado durante la audiencia de cautela de garantías desarrollada el miércoles 13 de septiembre pasado.

Con ese antecedente, el pleno se reunió en esa misma jornada y acordó pedir informes al juez Héctor Barraza y al Comité de Jueces de ese tribunal. Con todos esos antecedentes, el pleno de ministros se reunió hoy de manera extraordinaria y adoptó la apertura de la investigación administrativa.

Recordemos que el Gobierno se encuentra analizando las “facultades constitucionales” y “legales” para revisar la conducta ministerial de los jueces”, ya que fue “equivocada y eventualmente negligente”.

En concreto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo en la jornada de jueves que están “analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el Presidente de la República, particularmente en el artículo 32 de la Constitución y en el numeral 13 de ese artículo que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial“.

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