La Sala de la Cámara aprobó y despachó al Ejecutivo un nuevo proyecto de la agenda de seguridad.
Se trata de la propuesta que sanciona el porte injustificado de combustible en reuniones en lugares públicos.
En el Senado se mantuvo la disposición penal que se introdujo en la Cámara vía indicación, aprobada al momento de las votaciones.
Tal precepto sanciona con presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días) a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.
En dicha oportunidad, la norma fue refutada por algunos legisladores afines a la actual administración, así como por la ministra del Interior, Carolina Tohá. En la presente ocasión, la secretaria de Estado mantuvo su objeción.
Dijo que la disposición excede el espíritu de esta ley y que debería primar solo la nueva falta y la facultad entregada para las policías de detener a los infractores.
Así, llamó a rechazar el texto del Senado para ir a una comisión mixta para acordar un mejor articulado que defina una sanción al porte de combustible en reuniones en lugares públicos.
La iniciativa en la Cámara de Diputados obtuvo 83 votos favorables que se impusieron sobre los 45 contrarios y las 8 abstenciones.