Diputada Catalina Del Real
Diputada Catalina Del Real
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La diputada Catalina del Real solicitó dar urgencia a la discusión del proyecto de ley que propone prohibir que condenados por delitos sexuales o violentos conduzcan vehículos de transporte público, privado o servicios de App’s.

Esto en respuesta a la creciente ola de delitos violentos asociados al transporte de pasajeros y servicios de delivery en nuestro país.

Los antecedentes que respaldan esta iniciativa incluyen casos alarmantes de secuestros, abusos sexuales y asaltos ocurridos en distintas comunas de Chile.

Donde conductores de aplicaciones de transporte y delivery se han visto involucrados en actividades delictivas.

Estos hechos expuestos en el proyecto se suman a los delitos que se han registrado en los últimos meses.

Como secuestros con extorsión y un ataque con granada a carabineros, lo que deja en evidencia la alarmante escalada de violencia con la que el crimen organizado opera impunemente en el país.

Detalles del proyecto presentado por la parlamentaria Del Real

El proyecto de ley sugiere la creación de un registro obligatorio por parte de las empresas de transporte de pasajeros y delivery, en el cual se empadrone a todo el personal que realice estas funciones.

Este registro incluirá información detallada sobre los trabajadores, como nombre completo, domicilio, cédula de identidad y placa patente del vehículo utilizado.

Además, se establece que las empresas deberán actualizar este registro mensualmente y enviar una copia íntegra a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.

En caso de incumplimiento, se impondrán multas a beneficio municipal, siendo la reincidencia objeto de sanciones más severas.

“La propuesta se encuentra ahora en manos de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados”, señaló la parlamentaria.

“Por lo que esperamos que se le dé urgencia y discusión, tanto a este como otros proyectos que buscan proteger a la ciudadanía de la violencia que se apodera de nuestras calles”,

El proyecto también introduce modificaciones al Código Penal, proponiendo la inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar funciones de conducción de vehículos motorizados.

Principalmente, para empresas de aplicaciones de transporte de pasajeros o empresas de delivery como pena asociada a ciertos crímenes graves.

La parlamentaria de la Bancada Republicana destacó la importancia de estas medidas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Y combatir la delincuencia en un momento en que Chile enfrenta su peor crisis de seguridad en décadas.

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