La Policía de Investigaciones detuvo este jueves a 55 imputados por el megafraude y los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos por un total de $240 mil millones.
Según detalló el Servicio de Impuestos Internos (SII), los involucrados cometían este delito a través de la creación de empresas falsas, para así pagar menos impuestos.
Los ilícitos fueron perpetrados por 7 “clanes” que, si bien operaban conjuntamente, tenían más de un centenar de sociedades.
Estas estaban diseminadas a lo largo del país en distintas regiones (Región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos), lo que finalmente determinó el allanamiento de aproximadamente 83 domicilios.
En los operativos se incautaron más de $14 millones en efectivo, 15 mil dólares, 22 vehículos.
Así como otros 343 vehículos con prohibición de enajenar, diversos inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.
Las deficiencias del SII para concretar este megafraude
Estephania Aguayo Araya, abogada en Cabello & Cía. Abogados Tributarios, quien también cuenta con un diploma de Tributación, explicó los motivos de este delito y apuntó al Servicio de Impuestos Internos.
“Según se ha dado a conocer, las conductas venían perpetrándose desde el año 2015, de este modo, estamos hablando de delitos que fueron ejecutados por un periodo de aproximadamente 8 años sin que hayan sido advertidos”, comenzó.
“El revelamiento de este tipo de conductas pone de manifiesto la relevancia de avanzar principalmente en dos líneas”, señaló la jurista.
Primero, en “mejorar mecanismos de control (tanto en lo que respecta al SII como Aduanas) y mejoramiento de mecanismos de fiscalización”.
“El objetivo debiese ser siempre la prevención de las conductas delictivas, lo que implica necesariamente una reforma de la normativa legal actual”, apuntó.
“Esto a fin de dotar a las instituciones correspondientes de los recursos necesarios para prevenir conductas delictivas y fomentar el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Se deben impulsar medidas tendientes a evitar la evasión y elusión tributaria”.
“Lo anterior, es sin perjuicio que, en el caso, se debe destacar la investigación efectuada tanto por parte del SII como de la PDI, que ha permitido develar la ejecución de los delitos”, comentó sobre este megafraude.
Por su parte, Álvaro Moraga, abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, no le dejó caer toda la responsabilidad al SII, pero sí hizo un llamamiento a la modernización del Estado.
“No diría que falla. A diferencia de Aduanas. Pero lo que parece evidente se está quedando atrás, y sobre todo en regiones. Las labores de inteligencia preventiva son clave”, indicó.
“Si bien el delito es consustancial al ser humano, el desarrollo tecnológico conlleva un espejo en lo delictivo”.
“Por eso es que la modernización del Estado es vital. En Hacienda, para fiscalizar en terreno; en el Ministerio Público, para capacitarse y entender la complejidad de estos carteles”.
También señaló que “en el Congreso deben generar leyes que entreguen las herramientas acordes a estos tiempos, con penas suficientemente disuasivas”.