Una serie de irregularidades acusó este lunes el Consejero Regional de Aysén y miembro del Consejo Regional de Uso de Bordes Costeros, Jorge Sepúlveda Haugen, respecto al proceso que relaciona el modus operandi de solicitudes al Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO).
Lo anterior se debe a que el próximo jueves 29 de febrero se decidirá si se aprueba o rechaza una solicitud de espacios costeros realizados por dos comunidades de pueblos originarios por más de 621 mil hectáreas en la zona, en el marco de la Ley Lafkenche.
Para el Core de Aysén esta normativa es “una locura”, ya que varios aprovecharon que existe “un vacío legal”.
“Desde que se ingresó al Gobierno Regional no hay posibilidad de debate, de cambio, de nada, sino de un sine qua non, o se vota, si no se vota, se aprueba. Estamos hablando de más de 620 mil hectáreas“, señaló Sepúlveda en entrevista con radio Agricultura.
Irregularidades en el proceso
La autoridad regional acusó una serie de irregularidades que también detalló a través de sus redes sociales por medio de una carta abierta a los miembros de la Comisión Regional de Uso de Bordes Costeros.
En la misiva se ven ocho puntos que revelan procesos irregulares y encubiertos, como también falsificación de instrumento público, y usurpación de nombre y firmas de informes.
“Ha sido todo un proceso irregular, porque se llamaba para ciertas reuniones de otros consejos y estaban las comunidades que firmaban la asistencia, esa misma posteriormente se acoplaban en otros informes que se apoyaban las ECMPO. Incluso hay personas involucradas que están fallecidas“, denunció el Core de Aysén.
“Se recibió un instructivo presidencial hace dos años y la gobernadora (Andrea Macías) modificó a su propio arbitrio la composición de esa comisión y quienes incorporaban, generando una ambigüedad tremenda e incorporando a gente que no correspondía”, denunció.
Sin embargo, de acuerdo a Sepúlveda, se logró arreglar aquel instructivo, volviéndose “algo equilibrado”, pero a pesar de esto, se incorporó “pero incorporó a los dos líderes de estas ECMPO”.
“O sea, van a ser juez y parte, prevaricó la gobernadora regional (…) incorporó a dos personas que corresponden a los que están interesados para que sean aprobados estas CRUBC”, agregó.
A lo anterior, el consejero regional expresó que “esta es una situación súper grave, porque claramente se demuestra que detrás no hay democracia plena, no hay una profesionalidad técnica, menos se incorporó a la Armada, las universidades, a la comunidad de la actividad portuaria”, a todo el rubro.