Este martes se conoció que el pleno de la Corte Suprema rechazaría la invitación a asistir a la Comisión Investigadora por las supuestas influencias del abogado Luis Hermosilla en el nombramiento de los jueces.
Según La Tercera, los ministros habían acordado rechazar la invitación de los diputados, argumentando la decisión en la separación de los poderes establecida en la Constitución y en una falta de atribuciones de la Comisión Investigadora para convocarlos.
En ese contexto, los ministros se basaron en el artículo 52 de la Constitución, respecto de la facultad de la Cámara de Diputados para fiscalizar actos del Gobierno y funcionarios de la administración del Estado.
Dicha norma establece que la Cámara “solo puede crear comisiones para investigar actos de gobierno, no del congreso ni del Poder Judicial“. En la misma línea se determina que este recurso permite “reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno”, no de otros poderes del Estado.